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El Defensor del Pueblo adjunto, Gerardo Gómez Coronado afirmó hoy que al vetar la Ley 3736 que otorgaba el uso precario y gratuito del predio donde funcionaba una asociación de jubilados, “el Jefe de Gobierno no sólo está cometiendo una gran injusticia, sino que además demuestra una concepción anticuada sobre el rol del Estado, las políticas sociales y su relación con las organizaciones de la sociedad”.
En Yerbal 1751 funciona la Asociación Civil Casa del Jubilado Municipal; institución relevante tanto por cantidad de afiliados como por su inserción social, y a la que se le había otorgado por Ley el uso de ese inmueble.
Al respecto Gómez Coronado destacó que “resulta igualmente preocupante que el Ejecutivo desconozca la voluntad legislativa alegando cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, ignorando el artículo 82º de la Constitución de la Ciudad que le confiere a la Legislatura la potestad de disponer inmuebles del dominio público”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, hace más de cuatro años que tomó intervención y realizó gestiones a los efectos de regularizar la utilización de este predio por parte del Centro de Jubilados y promovió la sanción de la Ley vetada por el Jefe de Gobierno.
