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Aquellos a quienes se les han negado sistemáticamente sus derechos económicos, sociales y culturales tendrán un nuevo camino hacia la justicia ante las Naciones Unidas. El nuevo mecanismo de reclamo entrará en vigencia dentro de tres meses para los 10 países que han ratificado el instrumento, entre los que se encuentra Argentina.
La herramienta, creada por el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), permitirá que las personas que sufran violaciones a sus derechos a una vivienda digna, a la alimentación, a la salud, trabajo, seguridad social, a la educación, al agua potable, puedan reclamar justicia a la ONU, en forma individual o colectiva, cuando los gobiernos locales no cumplan en garantizar esos derechos.
El PF-PIDESC brinda la posibilidad de que un panel independiente e internacional de expertos –el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales– examine los reclamos de aquellos que hayan sufrido violaciones, una vez que hayan agotado todas las instancias domésticas, defina si ha ocurrido una violación y emita las recomendaciones que estime necesarias. El Protocolo también incluye un mecanismo de investigación, que habilita al Comité a investigar, reportar y hacer recomendaciones acerca de “violaciones graves o sistemáticas” de los DESC.
El acceso a la justicia es esencial para las víctimas de todas las violaciones a los derechos humanos y el Protocolo es un paso clave para lograrlo. Mientras que el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos ya cuenta con un mecanismo de denuncias desde hace más de 40 años, ahora finalmente le tocó el turno a los derechos económicos, sociales y culturales, lo que reconoce el principio de indivisibilidad e igualdad de los derechos humanos.
Uruguay aportó hoy la décima y crucial ratificación del Protocolo, lo que permite su entrada en vigencia dentro de tres meses, el 5 de mayo de 2013. Los otros nueve países que lo han ratificado hasta ahora son Argentina (el 24 de octubre de 2011), Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia y Portugal.
“El Protocolo sólo es legalmente vinculante en aquellos países que son parte de él. Por ello es necesario que todos los demás Estados en el mundo sigan el mismo camino para garantizar que todas las personas tengan acceso a la justicia y a un remedio efectivo cuando uno o más de sus derechos económicos, sociales y culturales han sido violados”, indicó Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.
Se espera que las decisiones que se tomen a través de este nuevo mecanismo influencien los tribunales de justicia nacionales y regionales alrededor del mundo.
Amnistía Internacional es una de las organizaciones no gubernamentales que integra la Coalición para un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conformada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Durante los últimos ocho años ha hecho campaña a favor del Protocolo y está pidiendo a los gobiernos de todo el mundo que lo ratifiquen.
Amnistía Internacional es una de las organizaciones no gubernamentales que integra la Coalición para un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conformada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Durante los últimos ocho años ha hecho campaña a favor del Protocolo y está pidiendo a los gobiernos de todo el mundo que lo ratifiquen.
