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Al cumplirse 39 años del golpe de Estado de 1976 en la Argentina, Amnistía Internacional reafirma la importancia del proceso de memoria, justicia y reparación que está llevando adelante la Argentina.
Las investigaciones y los juicios por las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar son un logro de toda la sociedad argentina que tuvo su punto de partida hace ya más de 30 años, en 1985, con el llamado juicio a las Juntas. Este fue el único caso en la historia de América Latina en que las principales autoridades de un gobierno durante el cual se perpetraron masivamente crímenes contra la humanidad fueron llevadas ante la Justicia para rendir cuentas. El camino fue retomado luego de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La experiencia argentina en el juicio y castigo de los crímenes cometidos entre 1976 y 1983 tienen características singulares, que deben ser tomadas en cuenta por otros países que estén atravesando situaciones de impunidad por violaciones masivas a los derechos humanos cometidas en el contexto de conflictos armados o de persecuciones políticas o religiosas. En ese sentido, como parte de la iniciativa de Diálogo Sur-Sur, Amnistía Internacional impulsa la transmisión del proceso de memoria, justicia y reparación de la Argentina a otros estados donde deban ponerse en marcha procesos de justicia transicional.
En ese contexto se inscribió la actividad organizada este mes por Amnistía Internacional en el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas, en Ginebra, en el cual las lecciones que dejó el proceso argentino fueron analizadas de cara a la situación en Sri Lanka, un país de Asia que vivió un largo conflicto armado a partir de los años 80, que dejó unos 80.000 desaparecidos y donde aún hoy se busca justicia. “La vergüenza de las desapariciones forzadas en Sri Lanka: perspectivas desde la Argentina y Sri Lanka” fue el título del panel, en el que participó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
