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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió ayer por unanimidad que el gobierno de la provincia Formosa debe garantizar en un plazo de 15 días el ingreso de las más de 7500 personas que solicitaron autorización para regresar a la provincia.
La decisión es un paso firme y positivo para garantizar los derechos de todas las personas que esperan volver a su hogar desde hace meses.
La Corte sostuvo que las medidas provinciales constituyen “limitaciones irrazonables” a los derechos y no cumplen con los estándares constitucionales, en virtud de la demora que se produce para concretar el ingreso, incluso, de personas que se encontrarían dentro de los casos prioritarios. En particular consideró que, en algo más de seis meses, lograron ingresar al territorio formoseño menos de la mitad de las personas que lo han solicitado, un 43,5% de los pedidos registrados.
Amnistía Internacional había solicitado la intervención urgente del Máximo Tribunal para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas varadas y que se brinde una respuesta eficaz a las más de 7500 personas que no pueden regresar a sus hogares. A partir de la sentencia, se espera que las autoridades establezcan alternativas respetuosas de los derechos humanos, garantizando el ingreso a la provincia de quienes lo hayan solicitado.
En ese sentido, brindar una solución urgente y respetuosa de los derechos humanos no significa eliminar los controles sanitarios dispuestos por las autoridades y que son necesarios para la contención de la propagación del virus COVID-19, sino el diseño de alternativas eficientes para que miles de personas puedan regresar a sus hogares.
La organización de derechos humanos señaló que continuará monitoreando el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Suprema a la provincia de Formosa para garantizar los derechos de todas las personas afectadas.
