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La relatora especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, reiteró hoy que las autoridades españolas deben garantizar el acceso universal a la atención sanitaria, incluido a los migrantes, con independencia de su situación jurídica.
Sepúlveda manifestó en un comunicado que “ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”.
Esta experta ya expresó sus preocupaciones en esta materia en una carta enviada a las autoridades españolas en noviembre, que suscribieron otros expertos en derechos humanos de la ONU, en la que advertían que los cambios adoptados en 2012, “que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las obligaciones de derechos humanos del país”.
La relatora de la ONU subrayó que el Gobierno español “debe demostrar un auténtico compromiso con la protección del derecho a la salud para todos”.
La experta explicó que no estaba de acuerdo con los argumentos que había recibido de las autoridades españolas en respuesta a aquella misiva y manifestó que “los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”.
Precisó que el Gobierno de España argumentó que el Real Decreto aprobado en 2012 no se discriminatorio, porque trata la legalidad de la residencia en el país y no el origen nacional. “Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”, consideró la relatora.
Sepúlveda agradeció el compromiso de las autoridades españolas de mantener la cobertura sanitaria para embarazadas y menores, pero refutó el argumento de que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita.
“Sin acceso a la atención primaria se sobrecargan los servicios de emergencia, que son más costosos y se pone la salud pública en riesgo”, recalcó la relatora y agregó que amenazar el derecho a la salud y a la integridad física tiene además un enorme coste humano.
