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Tras obtener la declaración de varios testigos durante 2013 y principios de este año, el Juez Ariel Lijo volvió a producir un avance en la investigación del asesinato del ex lider de la CGT José Ignacio Rucci.
El miércoles 6 de Agosto fue citado a prestar declaración testimonial el periodista Marcelo Larraquy en tanto el miércoles 13 el ex diputado nacional Miguel Bonasso. El magistrado ordenó también, a fines del año pasado, la citación de Horacio González, director de la Biblioteca Nacional e integrante del espacio de intelectuales Carta Abierta; el ex vicepresidente de la Nación Carlos Chacho Álvarez, Secretario General de la ALADI y el periodista Roberto Caballero, ex director de la revista Veintitrés y del diario Tiempo Argentino, entre otros.
El de Larraquy se considera un testimonio importante, ya que en la investigación realizada para su último libro “Los 70” detalla las tareas de inteligencia que se llevaron a cabo para detectar el domicilio de Rucci en el barrio de Flores, que incluyeron vigilias frente al edificio de la CGT y seguimientos a su hija Claudia, entonces de 9 años, desde una escuela de Haedo y desde Canal 9, donde grababa un programa televisivo. Además, en su investigación asegura que los participantes del atentado habían recibido la “orden de atentar contra Rucci” por parte de la conducción nacional de Montoneros, entonces integrada por Mario Firmenich y Roberto Perdía, entre otros.
El de Bonasso se estima será un testimono fundamental, ya que el ex diputado se expresó oportunamente acerca de “fuertes influencias de la organización Montoneros en los Ministerios del Interior, de Educación, de Bienestar Social de la Nación; sectores centrales de la presidencia de la Nación y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz, Salta y San Luis; en áreas enteras de gobierno de otras provincias y prácticamente en todas la Universidades Nacionales”. En su libro “Diario de un clandestino”, Bonasso reconoció haber realizado junto a Horacio Verbitskty y otras personas, tareas de inteligencia para Montoneros desde la Presidencia de la Nación.
El magistrado había reabierto la causa en 2008 y decidió archivarla a fines de 2012, argumentando que la evidente autoría de Montoneros le impedía continuar con la investigación por haber prescripto el delito. Sus hijos, Anibal y Claudia Rucci y el Dr.Miguel Pló apelaron la decisión y finalmente la Sala 2 de la Cámara Federal ordenó que debían profundizarse las investigaciones “sobre la capacidad de decisión de Montoneros en el trazado y definición de las políticas estatales de la época” para determinar si podía considerarse o no un delito de lesa humanidad.
Los querellantes sostienen que para la realización del asesinato se utilizaron recursos del Estado como vehículos y armas, y que el entonces Subsecretario de Asunto Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Ernesto Jauretche, fue el responsable de la logística de la operación. Jauretche, que aún no fue citado a declarar, recibió en Agosto de 2012 un premio “por su trayectoria” en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, durante la gestión del renunciado Juan Manuel Abal Medina, actualmente Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Mercosur del gobierno nacional.
