política
Los legisladores porteños Maximiliano Ferraro (CC ARI en UNEN) y Pablo Ferreyra (Seamos Libres), presentaron hoy un proyecto de ley para otorgarles a los bachilleratos populares de jóvenes y adultos, como a otros instituciones de gestión social y comunitarias, el reconocimiento e integración dentro del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello resulta necesario la adopción de ciertos mecanismos legales que garanticen el cumplimiento de pautas generales establecidas por el Estado, entre ellos el reconocimiento de la validez oficial de sus títulos y la autorización para el nombramiento de sus docentes.
La presentación se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, junto a la Directora General de Coordinación Comunitari, Laura García Tuñon, quien acompaña el proyecto desde sus orígenes, además de los legisladores porteños, disertó Orlando Balbo, docente y dirigente social especializado en educación popular de adultos.
"Nuestro objetivo es construir una educación pública, popular y comunitaria por eso apuntamos a generar un marco normativo que pueda regular estas diversas experiencias. Del mismo modo avanzar en un proceso de regulación e incorporación en el sistema educativo, respetando las principales características del trabajo que vienen desarrollando", aseguró Ferraro, legislador porteño por CC ARI en UNEN y vicepresidente de la Comisión de Educación.
Estas unidades educativas son impulsadas y autogestionadas por organizaciones sociales, asociaciones civiles sin fines de lucro, fábricas y/o empresas recuperadas y cooperativas; se caracterizan por la gratuidad y la atención de sectores de la población en situación de riesgo educativo, organizan y adecuan su funcionamiento a un proyecto socio-educativo que contempla la realidad y el medio geográfico en que se desarrolla, a fin de dar respuesta a las necesidades de sus estudiantes.
"Estas escuelas que proponen la inclusión social y educativa, aun carecen de títulos con validez nacional eso impide la sustentabilidad académica de las mismas, queremos darle un marco legal a las nuevas configuraciones institucionales del sistema educativo, que no vienen a reemplazar a las escuelas de gestión estatal y de gestión privada que hoy existen", explicó Ferraro.
Y agregó: "Son escuelas que por sus características geográficas y matrícula atienden y desarrollan metodologías de trabajo adecuadas al contexto social y cultural de los territorios que habitan, y una de sus características centrales es la gratuidad de los servicios que prestan y la atención a sectores de la población en situación de vulnerabilidad. Con un proyecto educativo pedagógico autogestionado por la propia comunidad".
Además, Maximiliano Ferraro agradeció a los docentes y trabajadores de los bachilleratos presentes en el Salón y dijo que "es necesario un marco normativo a estas experiencias y dar la batalla para reconocer el trabajo de la comunidad. Lograr esta normativa es construir un consenso necesario para atender la diversidad de cada una de estas propuestas políticas y educativas. Creo que este es el puntapié inicial de un proceso participativo para sacar la mejor ley en relación a las instituciones de gestión comunitaria. Debemos construir desde la polifonía de voces y desde la diversidad de miradas la mejor normativa".
