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Amnistía Internacional pidió a autoridades de la provincia de Santiago del Estero y de la Nación que se investiguen urgentemente las denuncias de torturas y malos tratos presentadas por dos presos. Se trata de Marcelo Tello e Iván Bressan, quienes están detenidos con prisión preventiva, desde hace más de seis años, y que a partir de mañana serán juzgados por el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, por el presunto delito de homicidio simple.
En una carta enviada a la gobernadora santiagueña, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, con copia al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, la organización de derechos humanos recordó que ya en 2009 había alertado sobre la falta de medidas para garantizar la integridad física de Tello y Bressan. De acuerdo a la información recibida por Amnistía Internacional, Tello fue golpeado y sometido a situación de aislamiento por extensos períodos, tras su detención en mayo de 2008. Pasó más de 10 meses, sin luz natural, en el sótano del tribunal de Santiago del Estero, donde también fue golpeado. Las condiciones inhumanas de su detención lo llevaron incluso a una larga huelga de hambre. Sin embargo, a pesar del largo tiempo transcurrido, las denuncias de tortura y malos tratos no han sido investigadas.
Este caso despertó la preocupación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que en noviembre de 2011 instó al gobierno argentino a que se investigaran las denuncias de torturas y a que se pusiera a Tello y Bressan en libertad ya que, luego de tres años y medio de prisión, se había violado el derecho de los detenidos a ser juzgados en un plazo razonable.
En la carta –firmada por la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski- se recuerda también que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó en 2008 a Argentina que adopte medidas para que el delito de tortura no quede impune, mejore las condiciones en las cárceles y resuelva la cuestión de las detenciones preventivas excesivamente prolongadas.
El derecho internacional de los derechos humanos establece que el uso excesivo y no excepcional de la medida de prisión preventiva, además de violentar el principio de inocencia y de debido proceso, contribuye a agravar otros problemas, como los altos niveles de hacinamiento y sobrepoblación penitenciaria, y a vulnerar otros derechos fundamentales de los reclusos, como el derecho a la integridad personal y vida.
