opinión
Lamentamos profundamente las declaraciones del secretario de Seguridad Sergio Berni respecto a sus opiniones vertidas sobre el uso de las pistolas Taser por parte de la Policía Metropolitana: "No dudaría ni un segundo de que mis policías las utilicen en algunas zonas”.
Las pistolas Taser están calificadas como un elemento de tortura que podría llevar a la muerte, según han recomendado a los Estados parte los órganos de aplicación de la Convención Contra la Tortura aprobada por la ONU y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Con el mismo criterio del secretario Berni, el Tribunal Superior de Justicia porteño ha decidido habilitar a la Policía Metropolitana para que descargue durante 5 segundos 50.000 voltios sobre un ser humano, a través de arpones unidos al arma con filamentos electroconductores, lo que recibió el repudio de las organizaciones de Derechos Humanos de la Ciudad e incluso de algunos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Las políticas represivas nunca formaron parte de este proyecto nacional y popular. El expresidente Néstor Kirchner ha manifestado en diciembre de 2003 que el Gobierno "no va a reprimir” porque "nunca los palos trajeron ningún tipo de soluciones al país". Las políticas que llevó adelante durante su presidencia y las llevadas adelante luego por Cristina Fernández fueron siempre políticas contra la represión, la tortura y la violencia institucional. En ese contexto, estamos azoradxs por el fallo del Tribunal y por las declaraciones de Berni, que justifican la utilización de un elemento de tortura, y nada más ni nada menos que para que sean utilizadas por una Policía que reprimió violentamente a pacientes, médicxs, periodistas y trabajadorxs en el Hospital Borda.
Como siempre sostuvo el Gobierno Nacional en esta década e incluso como ha sostenido durante muchos años el mismo Ministerio del que forma parte el Secretario, consideramos que con políticas públicas de inclusión y también con medidas concretas de prevención del delito y una mayor presencia de una policía vinculada a la comunidad, más eficiente y capacitada, que combata el delito y no lo administre, es posible una ciudad y un país más seguros.
María Rachid
Legisladora Ciudad Autónoma de Buenos Aires FPV
Presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Legislatura porteña
