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Ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que contradijo la sentencia de primera instancia y de cámara, el sociólogo y asesor en seguridad en la Legislatura Porteña Andrés Pérez Esquivel aseguró que “la insistencia del gobierno con las Taser parece tener que ver poco con una cuestión técnica sino con una profunda vocación antidemocrática y un enorme gusto por los negocios. No hay que olvidar que las Taser son caras y Montenegro tiene dos demandas penales por millones de Euros de sobreprecios en compra de pistolas sin licitación y a precio de minorista, y que cada cámara de seguridad nos está costando 175 mil pesos a los porteños, cuando como mucho deberían costar 30 mil".
El activista de derechos humanos también recordó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el primer distrito en aplicar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de ONU que entró en vigencia en junio del año 2006, mediante la sanción de una Ley (Nº 3298) que creó un Comité contra la Tortura, pero Macri la vetó: "Es correcto suponer que el gobierno del PRO no va a establecer protocolos ni mecanismos de protección, no sólo porque vetó la creación del Comité Contra la Tortura en la Ciudad de Buenos Aires, sino porque ha decidido no crear protocolos de actuación para situaciones básicas como manisfestaciones públicas, y es por eso que han sucedido las represiones salvajes en el Hospital Borda, Parque Indoamericano, Barrio Papa Fransciso, Sala Alberdi, entre otras. Macri con taser es como un mono con picana."
