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Los directores y directoras ejecutivos de todas las Secciones de Amnistía Internacional en las Américas se han unido para expresar sus motivos de preocupación en torno al programa de gobierno del presidente Trump, a las posibles amenazas para los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y al impacto del mandato del nuevo presidente en la región de las Américas en especial.
“Nuestra misión en Amnistía Internacional es defender los derechos humanos para todas las personas, y seguiremos movilizando a millones de personas de todo el mundo para garantizar que los derechos humanos estén protegidos, sin importar quién ocupe la Casa Blanca”, ha manifestado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “especialmente porque sabemos que el impacto de la política de Estados Unidos en los derechos humanos puede tener el efecto de una onda expansiva tanto en el resto del continente americano como en todo el mundo.”
La retórica utilizada por el presidente Trump en su mandato anterior y durante su reciente campaña atacó a las personas más vulnerables, especialmente las migrantes, y el presidente planea deportar a millones de personas y cerrar las fronteras de Estados Unidos, sin examinar los casos de personas que necesitan protección. Amnistía Internacional ha documentado que las deportaciones colectivas sólo avivan el sufrimiento humano y aumentan la inestabilidad regional.
“La amenaza de que se desprecien los derechos humanos de las personas que buscan seguridad en Estados Unidos —o en cualquier parte del continente— y el derecho al asilo nos exige alertar a la comunidad internacional del peligro que estos discursos constituyen si se adoptan como políticas”, ha manifestado Marcos Gómez, director de la Sección de Venezuela de Amnistía Internacional. “Los países no pueden hacer caso omiso de su obligación internacional de dar garantías y proteger a las personas que buscan seguridad y mejores condiciones de vida.”
Puesto que un nuevo gobierno de Trump puede ejercer presión sobre México respecto a las fronteras, la seguridad y la militarización, seguiremos haciendo rendir cuentas al gobierno mexicano de sus responsabilidades en virtud del derecho internacional.
“No sería la primera vez que las acusaciones del vecino del norte afectan a las políticas públicas de México, con medidas que no sólo han demostrado ser ineficaces, sino que además han puesto a la población mexicana en peligro de sufrir nuevos daños, tales como homicidios extrajudiciales o desapariciones forzadas”, ha declarado Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México. “Seguiremos recordando al gobierno mexicano que la militarización y las políticas de ‘puño de hierro’ son contrarias a sus obligaciones en materia de derechos humanos.”
Aunque algunos gobiernos de la región de las Américas han mostrado una tendencia a atacar el espacio de la sociedad civil, así como la libertad de expresión y asociación, la presencia del presidente Trump en la Casa Blanca podría indicar una disminución de los controles institucionales o incluso inspirar el uso arbitrario del poder.
“Los ataques contra periodistas, contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra la independencia judicial no tienen distinción ideológica y pueden propagarse fácilmente a lo largo del continente si no hay un apoyo inequívoco a la sociedad civil organizada”, ha manifestado Rosalía Vega, directora de la Sección de Paraguay de Amnistía Internacional. “Desde los gobiernos que se consideran de derechas, como Argentina, El Salvador y Paraguay, hasta los que se denominan de izquierdas, como México, Nicaragua, Cuba y Venezuela, seguiremos exigiendo la protección del espacio de la sociedad civil y de las personas que defienden los derechos humanos.”
Otra preocupación creciente respecto al gobierno del presidente Trump es la protección del derecho de las mujeres a vivir sin violencia, así como el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluido el aborto, que se vieron atacados durante el primer mandato del ahora presidente.
“La tendencia cada vez mayor a atacar los logros que los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ han conseguido en las Américas se encontrará con una férrea resistencia y solidaridad, desde el extremo norte hasta el extremo sur del continente”, declaró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La crisis climática es una de las mayores amenazas que se ciernen sobre los derechos humanos hoy día, y trae consigo el peligro del hambre, las crisis humanitarias, la pobreza y la falta de techo en todo el mundo. Como el segundo emisor mundial de carbono y la economía más grande del mundo, Estados Unidos tiene un papel crucial en la prevención de la catástrofe de derechos humanos que será inevitable a menos que se reduzcan drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. En virtud del Acuerdo de París, Estados Unidos tiene la responsabilidad de cumplir con su parte en la prevención de la catástrofe climática. La decisión prevista del presidente Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París es una agresión a los derechos humanos.
“El impacto de la crisis climática en los derechos humanos es innegable y exige atención urgente. Todos los países de las Américas deben asumir su responsabilidad de realizar una labor de prevención frente a lo peor de la crisis climática: deben emprender acciones que van desde proteger a los defensores y defensoras ambientales hasta llevar a cabo una transición energética justa para abandonar los combustibles fósiles”, ha manifestado Marina Navarro, directora de la Sección de Perú de Amnistía Internacional. “Debemos escuchar a la juventud y a las comunidades indígenas que piden que todos los países tomen medidas concretas sobre la crisis climática, y Estados Unidos no será una excepción.”
Esta crisis climática afecta especialmente a las zonas del Caribe, incluido Puerto Rico. Dado el historial del presidente Trump respecto a Puerto Rico, también existe honda preocupación sobre cómo va el nuevo gobierno a saldar la deuda de exclusión, marginación y abandono de la isla.
“Tras el huracán María, Puerto Rico sufrió la apatía y el abandono del gobierno de Trump. Ahora nos preocupa que un nuevo mandato signifique unos mayores riesgos climáticos y una mayor vulnerabilidad”, ha manifestado Liza Gallardo, directora de Amnistía Internacional Puerto Rico. “Pedimos que se tomen medidas de prevención para mitigar los altos niveles de vulnerabilidad alcanzados en el pasado y la disminución de la capacidad del gobierno local para responder a las crisis.”
“Es fundamental que los Estados trabajen juntos para abordar la crisis climática y sus efectos”, ha manifestado Jurema Werneck, directora de la Sección de Brasil de Amnistía Internacional. “Estados Unidos debe participar de buena voluntad en la COP30 que se celebrará en la Amazonia brasileña este año. Estados Unidos y el resto de los grandes países emisores deben cumplir con su responsabilidad y comprometerse claramente a prevenir los impactos más graves de la crisis climática.”
Las violaciones de derechos humanos no pueden observarse de forma aislada, debido a la interconexión y la interdependencia de los derechos, y también a la manera en que, hoy día, los discursos, las políticas sociales y económicas y la geopolítica son factores que generan interdependencia en distintos contextos, países y regiones.
“La cooperación internacional sigue desempeñando un papel fundamental en la protección y la garantía de los derechos humanos”, ha manifestado Lucía Pérez Chabaneau, directora de Amnistía Internacional Uruguay. “Estados Unidos debe renovar su apoyo a las necesidades de seguridad de Haití, centrándose en los derechos humanos y uniéndose a otros países de la región que han optado por una solución encabezada por el país caribeño”.
