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La reconocida activista Gilda Colman, quien vive con VIH desde hace 23 años, presentó -con el asesoramiento del área de promoción de derechos de Fundación Huésped- una denuncia ante el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan Luis Manzur, para solicitarle imponer las máximas sanciones previstas a los responsables del daño causado por el actuar negligente y antijurídico de los funcionarios de la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas Programa Federal de Salud (PROFE). El motivo de la denuncia fue la dificultad para acceder a los tratamientos antiretrovirales con los consiguientes problemas físicos y psíquicos que esta situación acarrea.
Argentina cuenta con un programa universal de acceso al tratamiento antiretroviral tanto para aquellas personas que cuentan con obra social o prepaga como para quienes no tienen ningún tipo de cobertura. Gilda Colman, por ser beneficiaria de una pensión no contributiva, posee PROFE como obra social. Sin embargo, desde finales de 2007 cada mes Gilda debe peregrinar por incontables oficinas, realizar numerosos trámites y repetir todos los meses el procedimiento para lograr acceder a su medicación, un derecho garantizado por ley. A pesar de las innumerables veces en las que presentó la documentación, en algunas bases de datos del sistema público de salud, Gilda figura, por error, como beneficiaria del PAMI. Esta situación provoca cada mes un peregrinar infinito que consume tiempo, energía y salud.
La denuncia presentada busca, además de subsanar el escandaloso proceso por el que debe transitar Gilda todos los meses, preservar y garantizar el derecho a la atención integral de la salud de todas aquellas personas con VIH/sida que padecen a diario y sufren silenciosamente el oprobio de la persistente burocracia de oscuros organismos como el PROFE. Si una persona con años de activismo y contactos en diferentes niveles tiene que pasar por esta situación, ¿qué se puede esperar para aquellas personas con menos herramientas para hacer valer sus derechos?
El sistema universal de derechos humanos ha sido especialmente sensible a los problemas de accesibilidad y restricción al Derecho a la Salud, en especial a través de la Comisión de Derechos Humanos, cuando manifestó que “las leyes, políticas y prácticas, incluidas las introducidas en relación con el VIH o el SIDA, respeten las normas de derechos humanos y no tengan el efecto de impedir que se realicen programas para la prevención del VIH y el SIDA y para la atención de personas infectadas con VIH o con sida”.
