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El legislador Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) celebró “el coraje de los vecinos”, luego de que el Juzgado Civil Nº 30 concediera cinco días de prórroga a las 24 familias que pretendía desalojar del edificio sito en Humberto Primo 1678. “Ahora hay que organizarse para conseguir una resolución definitiva para el cumplimiento del derecho social a la vivienda”, precisó el dirigente de la CTA entre los aplausos de hombres, mujeres y niños que temía quedar en la calle.
Unos minutos antes, los efectivos de la Policía Federal habían intentado entrar por la fuerza en el edificio, pero el propio Nenna lo impidió en un forcejeo codo a codo con los vecinos. En tanto, sobre ambas esquinas de la calle los uniformados mantenían un vallado que dejaba del otro lado a los militantes del Movimiento Evita y la Corriente Nacional Martín Fierro que llegaron después del mediodía para apoyar el reclamo por viviendas dignas.
Finalmente, los oficiales de Justicia y el jefe del operativo policial labraron un acta de compromiso por la cual respetarían el plazo de cinco días otorgado por Méndez, con el propósito de que se arribe a una resolución que tenga en cuenta a los niños en edad escolar y los chicos discapacitados radicados allí. En las próximas horas, los vecinos mantendrán una nueva reunión para organizarse y peticionar ante las autoridades competentes.
El conflicto se desató cuando el edificio fue a remate, tras 15 años de abandono que fueron aprovechados por el dueño del hotel lindante Costa Azul, Carlos Figueredo, quien alquilaba por más de mil pesos cada pieza. En diciembre pasado, el nuevo adquirente tramitó ante la Justicia el pedido de desalojo del lugar pero las familias se enteraron esta madrugada con el desembarco de los policías y reaccionaron con una airada protesta, prendiendo fuego los tachos de basura.
Durante el 2009, el Gobierno porteño reubicó en el edificio de Humberto Primo al menos a cuatro familias que se alojaban en un hotel de la calle Paseo Colón. Según los vecinos, el titular del Costa Azul recibía del erario público unos 400 pesos por cada familia proveniente del albergue ubicado en el bajo, señalaron desde el despacho del legislador .
