sociedad
La Fundación Vida Silvestre Argentina manifiestó su
preocupación por los hechos de caza indiscriminada de pumas (Puma concolor) en Río Negro y
solicita la derogación de la Ley Provincial Nº763/72, que brinda incentivos económicos a
los productores ganaderos para que maten pumas en sus propiedades.
El conflicto entre productores agropecuarios y animales silvestres es tan antiguo como la
actividad misma. Durante el mismo lapso, y con un énfasis dramático en las últimas décadas,
los ecosistemas silvestres y las especies que los habitan han ido perdiendo esta disputa
sin consideración de lo que se pierde con ello en términos de servicios ambientales como
la calidad del agua, de los suelos, secuestro de gases de invernadero, control de especies
portadoras de zoonosis, y desarrollo de actividades económicas no extractivas como el turismo
–tanto o más lucrativas que las otras y con mejor distribución de los beneficios.
“Es decir, cuando se implementan este tipo de medidas sabemos lo que ganamos pero
no tenemos dimensión de lo que perdemos con la pérdida de biodiversidad y servicios
ambientales.” le contó a Más que noticias Andrea Michelson, Coordinadora de Áreas Protegidas de Vida Silvestre.
“En el caso del puma, si bien reconocemos que en determinadas circunstancias representa
un problema para la producción ganadera, ha sido demostrado científicamente que estos
casos están relacionados con algunos individuos que se acostumbran a predar sobre animales
domésticos. Siendo este un problema puntual, proponer un incentivo, utilizando fondos
públicos para un control no específico, atenta contra la convivencia de la producción con la
conservación de los ecosistemas y sus especies”, concluye Michelson.
“Sabemos que la importancia económica y social de la actividad ganadera es fundamental.
Pero también consideramos que existen hoy, alternativas válidas y viables para reducir un
eventual daño por parte del puma a esta actividad. Desde un control selectivo, hasta el
uso de los mismos recursos que van hoy a incentivar una caza no específica, en forma de
compensación por daño. En el medio, existen medidas de manejo del ganado que pueden
promoverse para reducir la incidencia de la predación. Entre ellas, un manejo diferencial de
los rodeos, ubicando a las clases de edad más vulnerables en sitios controlados o de menor
incidencia de ataques”, agrega Michelson.
Esta problemática tiene relevancia no sólo desde una perspectiva ética, biológica o práctica,
sino también desde un punto de vista legal. La Ley Nacional 22.421, de Protección y
Conservación de la Fauna Silvestre, declara al puma de interés público, haciendo de su
protección y uso racional una obligación del Estado. A su vez, de tomarse decisiones en
ausencia de certezas científicas, se vulnerarían los principios sostenidos por la Ley Nacional
25.265 (Ley General del Ambiente).
Vida Silvestre invita a todos los argentinos a que a dejar su firma desde del martes
11 de septiembre al martes 18 de septiembre inclusive para proteger al puma
(vidasilvestre.org.ar/pumas). Las firmas serán remitidas por Vida Silvestre a las
autoridades competentes.
