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La organización Amnistía Internacional denunció una nueva amenaza de desalojo a una comunidad indígena que pone en peligro a 40 familias en la provincia de Tucumán.
Amnistía Internacional en un comunicado expresó su preocupación por la nueva amenaza de desalojo que enfrentan 40 familias de la comunidad indígena de Quilmes en Colalao del Valle, provincia de Tucumán, si prospera una orden judicial para que abandonen sus tierras ancestrales.
El 17 de septiembre, las familias habían sido desalojadas de sus tierras por más de 60 efectivos policiales. La comunidad indígena denunció que durante el operativo policial para proceder al desalojo fueron destruidas sus casas, tuvieron que instalarse temporalmente al costado de la carretera y regresaron a sus tierras tradicionales a la semana siguiente tras retirarse la presencia policial de la zona. Sin embargo, se ha emitido una nueva orden judicial en su contra, motivo por el cual la comunidad podría ser desalojada nuevamente.
Desde Amnistía Internacional señalan que es lamentable que intereses económicos para explotar los recursos naturales de las tierras se antepongan a los derechos de las comunidades indígenas para mantener sus tierras ancestrales. La organización hace un llamado al Estado argentino en su conjunto para que no ignore el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra tal y como lo establece la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que la Argentina es Estado parte.
“Es crucial que de una vez por todas las autoridades argentinas se tomen en serio sus obligaciones para poner fin a la discriminación y a las persistentes violaciones de derechos humanos contra las comunidades indígenas y garanticen que puedan vivir en sus tierras ancestrales sin temor a sufrir ataques o intimidaciones”, señaló Rafael Barca, director ejecutivo de Amnistía Internacional en la Argentina.
Además, la Ley de Emergencia 26.160 aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2006 prohíbe desalojar a la población indígena de sus tierras por un periodo de cuatro años, mientras se revisa y se registra la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Debido a la falta de avances para cumplir con esta normativa y tras la presión ejercida por organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas, el mismo parlamento aprobó recientemente una prórroga de los plazos dispuestos por la ley hasta el 23 de noviembre de 2013.
“Este nuevo caso en Colalao del Valle demuestra que a pesar de la existencia de la ley, las órdenes de desalojos siguen expidiéndose”, advirtió Barca.
La violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Argentina no es un tema menor. El pasado 12 de octubre, también en la provincia de Tucumán, el líder de la comunidad indígena de los Chuschagasta, Javier Chocobar, de 68 años, fue asesinado y otras tres personas resultaron heridas de bala. Tres hombres están siendo investigados por su relación con esta muerte, dos de los cuales se encuentran en prisión preventiva. Por otra parte, el Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI), ha manifestado su intención de ser parte acusadora en el proceso.
