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Es hora de saldar las cuentas pendientes
En la Argentina aún es necesario abordar el tema desde una visión amplia que englobe acciones para erradicar la violencia de género, combatir la pobreza, eliminar la discriminación que sufren los pueblos indígenas y mejorar la situación penitenciaria.
Amnistía Internacional insta a los gobiernos a que tomen el Día Internacional de los Derechos Humanos como una oportunidad para la acción y no sólo como una ocasión para expresar buenas intenciones. A los 61 años de su adopción, la Declaración Universal de Derechos Humanos debe ser vigilada y cada Estado debe hacerla cumplir sin excusas.
“A pesar de los avances experimentados en muchas áreas durante los últimos decenios, la injusticia, las desigualdades y la impunidad persisten en demasiadas partes del planeta. El verdadero problema es que los gobiernos prometen y aprueban leyes, pero luego no cumplen con esas promesas”, advirtió Rafael Barca, director ejecutivo de Amnistía Internacional en la Argentina.
El impacto de la crisis económica mundial en los países pobres sigue amenazando con hundir en la pobreza a millones de personas, es por ello que Amnistía Internacional exige a los gobiernos a que protejan los derechos económicos, sociales y culturales con idéntico rigor al de los derechos políticos y civiles.
“Los derechos humanos son universales, todas las personas nacen libres e iguales en derechos y dignidad. También, los derechos humanos son indivisibles: todos ellos, ya sean económicos, sociales, civiles, políticos o culturales, revisten igual importancia”, concluyó Barca.
Entre los temas pendientes en la Argentina, Amnistía Internacional destaca la necesidad de que el Estado cree un Plan Nacional de Derechos Humanos que aborde temas urgentes como son la protección integral de las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género; la atención a la discriminación en la que viven los pueblos indígenas en el país; la eliminación de la precariedad del sistema penitenciario --donde informes recibidos señalan que aún se registran tortura y malos tratos; y que haga del respeto a los derechos económicos, sociales y culturales uno de sus ejes fundamentales.