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En caso de no haber un acuerdo internacional para mitigar los efectos del cambio climático, el costo para América Latina y el Caribe podría equivaler hasta 137% del PIB regional actual para 2100, señala el informe de la CEPAL.
El estudio, que identifica los impactos económicos del cambio climático en la región, fue presentado hoy en un evento paralelo a la XV Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (conocida como COP 15), que se realiza en Copenhague.
El informe proyecta que, sin acciones internacionales de mitigación, la región podría sufrir para fines del siglo pérdidas importantes en el sector agrícola y en la biodiversidad, fuertes presiones sobre la infraestructura y aumento en la intensidad de eventos extremos, que se acumularían hasta representar cifras importantes del PIB actual. Las estimaciones se basan en cálculos de 15 países: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
El informe fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con la colaboración de los gobiernos de Alemania, Dinamarca, España y Reino Unido, así como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y una amplia red de instituciones académicas y de investigación. Aunque es la segunda región mundial que menos emite gases de efecto invernadero detrás de África, América Latina y el Caribe está sufriendo los efectos del calentamiento global más que ninguna otra, según el informe. De ahí la urgencia de que la región cuente con apoyo tecnológico y financiero de los países desarrollados en sus esfuerzos de adaptación y mitigación del fenómeno.
El informe recalca que los costos económicos son muy heterogéneos entre países y regiones y tendrán un comportamiento poco predecible (no lineal) a lo largo del actual siglo. Por ejemplo, algunas naciones tendrían beneficios temporales en sus sectores agrícolas como consecuencia de aumentos de temperatura menores a 2ºC y los cambios en las precipitaciones, aunque en el largo plazo predominarían los efectos negativos. Con un incremento de la temperatura planetaria superior a 3ºC, algunos países o regiones podrían perder hasta 30% ó 40% de su biodiversidad. Argentina, Chile y Uruguay tendrían efectos positivos en su productividad agrícola si la temperatura aumentara entre 1,5ºC y 2ºC en el período 2030-2050. Sin embargo, si se traspasa este umbral de temperatura los efectos serán negativos. Para 2100 se calcula que en Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú las tierras degradadas oscilarían entre el 22% y 62% del territorio. También disminuirá la disponibilidad de agua, sobre todo en América del Sur.
El alza del nivel del mar provocaría desplazamiento de poblaciones y se perderían tierras por inundaciones permanentes. Los pequeños Estados insulares del Caribe se verán muy afectados. Podrían desaparecer los manglares en las costas bajas (en Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa y Guyana) y estarían seriamente amenazadas zonas costeras del Río de la Plata (Argentina y Uruguay). Un aumento global de la temperatura de 3ºC provocaría también una caída en las precipitaciones sobre la Amazonía, causando un sustancial deterioro de las selvas que poseen la biodiversidad más grande del planeta. La variabilidad climática y los eventos extremos harían que hacia 2100 el costo de los desastres climáticos pase de un promedio anual para el período 2000-2008 de casi US$8.600 millones a un máximo posible de US$250.000 millones. En este contexto, la CEPAL destaca que es fundamental diseñar una estrategia de política pública regional que permita reducir los impactos más graves del cambio climático, que se base entre otras cosas en:
Preservar la biodiversidad y los recursos naturales para las generaciones futuras
Reconocer la necesidad de revisar los estilos de vida y promover un cambio cultural
Promover la innovación tecnológica para un desarrollo sostenible
Transitar hacia economías con baja intensidad de emisiones de carbono, reconociendo que la época de utilización de una energía fósil barata y casi ilimitada está concluyendo y ajustar los precios relativos en consecuencia.