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La iniciativa fue presentada por el bloque de concejales del Frente para la Victoria-Nacional y Popular de la ciudad de La Plata y apunta a prevenir posibles situaciones de abuso o pagos extras garantizando la integridad del sistema implementado por el Gobierno nacional. La propuesta exhorta a monitorear los puntos de recarga a través de las áreas de control de los servicios públicos y de transporte municipales.
Los concejales pidieron al intendente de la ciudad de las diagonales que disponga de controles en los puntos de recarga habilitados para evitar posibles abusos o intentos de cobros extras a los usuarios ya que el servicio de carga es gratuito. Lo hicieron mediante un proyecto que lleva la firma de los ediles Sebastián Tangorra y Martín Alanís, donde se señala que “dada la trascendencia del S.U.B.E. en materia de accesibilidad para un gran porcentaje de la población, resulta ineludible la acción en tal sentido por parte de todos los gobiernos municipales alcanzados por este sistema”.
Por ese motivo, los concejales destacaron que se deben evitar acciones que puedan distorsionar un normal funcionamiento del sistema o resulten perjudiciales para los usuarios. Como ejemplo citaron las “situaciones abusivas que se verifican en los servicios de telefonía móvil, en los que se cobra un valor extra por cada recarga”.
De este modo Tangorra exhortó a la gestión municipal que “se involucre responsablemente en la tarea de control, para garantizar que nadie sea estafado y evitar posibles abusos en los puntos de recarga” y destacó que el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a través de las áreas municipales de defensa del consumidor y control de los servicios, a monitorear el desarrollo de la actividad comercial en general, “y más aún en materia de un servicio de importancia vital para la comunidad como es la del transporte y el S.U.B.E”.
En ese punto, recordó que “el municipio ha puesto reiteradamente en evidencia una significativa dosis de improvisación técnica en materia de control de los servicios que operan bajo su jurisdicción por lo que pidió “compromiso y responsabilidad”.
La propuesta del bloque kirchnerista plantea que en situaciones donde se advierta algún tipo de irregularidad, como por ejemplo la exigencia de pagos extras a los estipulados o cualquier práctica no autorizada legalmente, la municipalidad deberá dar intervención a la Justicia de Faltas Municipal y a la Autoridad de aplicación nacional del transporte.
