opinión
Esta Asociación manifiesta que los proyectos de ley presentados alteran
sustancialmente el funcionamiento de la Justicia y de ninguna manera
atienden a una reforma que amplíe las posibilidades de ejercer derechos.
Se pretende sustituir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como
cabeza de uno de los poderes del Estado, vaciándola de las funciones que
constitucionalmente le son inherentes para el desempeño adecuado de la
tarea judicial que a ella y a los tribunales inferiores les corresponde. A ello
se suma que se promueve la partidización del Consejo de la Magistratura.
Los proyectos, más allá de los serios reparos constitucionales que merecen
no atienden a los verdaderos problemas que distancia al Poder Judicial de
las soluciones prácticas que la sociedad requiere para hacer más fácil, más
rápido y más eficiente el ejercicio y vigencia de los derechos que la
Constitución Nacional y los tratados internacionales le reconocen. Así, la
creación de una justicia para casos de menor cuantía, para consumidores y
usuarios de servicios públicos, para casos de salud ambiental, sobre la
modificación de los procedimientos para su simplificación, sobre la
incorporación del juicio por jurados para delitos de corrupción de
funcionarios públicos, sobre la oralización del proceso civil, sobre el mapa
judicial y la composición de las plantas de personal, entre otros muchos.
El funcionamiento del Consejo de la Magistratura en los últimos
quince años evidenció la dificultad de un órgano deliberativo para ejercer
sus funciones, situación que se vería agravada con la nueva composición
que se propone, que no resulta respetuosa del equilibrio que la Constitución
Nacional prescribe.
Estos proyectos pretenden terminar con el carácter de Poder del
Estado de la Justicia, haciendo depender a los jueces de un órgano
dominado por la mayoría electoral circunstancial y con un sistema que
permite la fácil selección o acusación según el criterio de ese partido que
contará con las dos terceras partes del Cuerpo.
En resguardo de la vigencia efectiva de la división de poderes, nos
oponemos a los proyectos de reforma tal como han sido presentados ya
que, en nada contribuyen al mejoramiento de la Justicia y, por el contrario,
cercenan su independencia. Por ello, reclamamos la participación de
nuestra Asociación para que sea escuchada, en el marco de un amplio
debate, en lo atinente a reformas sobre el Poder Judicial de la Nación.
En este sentido claramente han sostenido los jueces de todo el país en la
primera conferencia reunida en Santa Fe el 30 y 31 de marzo y 1º de
abril de 2006; “Los jueces deben decidir los conflictos teniendo en
cuenta que todos los ciudadanos, cualquiera sea su origen, su credo,
sus ideas políticas o riqueza o su pobreza, son iguales ante la ley. Por
ello deben actuar de manera que la sociedad perciba claramente que
son independientes de toda influencia política, económica, o social o
mediática.
Los jueces integran un Poder del Estado cuya finalidad es la defensa de
la Constitución Nacional, controlando que los demás poderes se
ajusten a ella, tutelando las instituciones y defendiendo los derechos
individuales de los ciudadanos. Por esta razón, es imprescindible
fortalecer el poder judicial para que pueda cumplir esa función tan
importante en la sociedad.”
Es por ello que ratificamos la necesaria participación de esta Asociación en
todo debate democrático que se refiera a posibles modificaciones atinentes
al PJN.
Declaración del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional, en Buenos Aires, a los quince días
del mes de abril de 2013.
Gregorio Corach
Secretario general
Luis María Cabral
Presidente
