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Organizaciones de la sociedad civil solicitan la selección urgente de un nuevo Defensor del Pueblo de la Nación y la implementación de un proceso participativo para la evaluación de candidatos.
Presentaron una carta a Senadores y Diputados que ocupan posiciones clave, junto con el documento Una Defensoría del Pueblo para el Pueblo, donde manifiestan su profunda preocupación por la situación institucional que actualmente atraviesa la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Dicho organismo tiene a su cargo la defensa y protección de los derechos de las personas ante actos u omisiones de la administración pública; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El mismo se encuentra acéfalo desde diciembre, producto de la omisión del Congreso en designar a su nuevo titular tras el vencimiento del mandato del entonces Defensor Adjunto, quien llevaba más de cuatro años con un mandato provisorio como titular de organismo.
En su carta, las organizaciones sostienen que: “el proceso de designación de nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo debe comenzarse con urgencia, y debe garantizarse su publicidad, transparencia, e instancias de participación ciudadana adecuadas -incluyendo la oportunidad de recepción de postulaciones, la difusión pública masiva de los/as candidatos/as y sus antecedentes, la posibilidad de presentación de impugnaciones, la implementación de instancias de debate público sobre el perfil de la Defensoría y de los/as postulantes a conducirla, y la rendición de cuentas en torno a la valoración de dichas instancias por parte de los/as decisores/as que previó nuestra Constitución”. Y concluyen que: “ Corresponde a todos los sectores la gran responsabilidad de implementar un proceso de designación inspirado en esos valores, y hacer honor así al mandato constitucional que da sentido al organismo”.
Las organizaciones firmantes son: la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Poder Ciudadano.
