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La Jueza de garantías de Tartagal, Azucena Vázquez, habilitó a la organización ecologista a continuar con el bloqueo de maquinaria utilizada para desmontar.
La Jueza de garantías de Tartagal dio lugar a la denuncia de Greenpeace contra el dueño de la finca Cuchuy por el delito de destrucción de Bosques. La medida cautelar habilita a la organización a continuar frenando un desmonte en el Departamento de San Martín, e impide al propietario remover los bloqueadores que evitan que las topadoras sean alimentadas con combustible.
El fallo permite que los ambientalistas permanezcan en la finca garantizando que las topadoras no se pongan en marcha, a pesar de que su propietario denunció a la organización por presunto delito de usurpación de propiedad privada. El propietario había pedido a la jueza que desaloje a los activistas pero la justicia no hizo lugar a su petición.
“La Justica reconoció a Greenpeace como legítimo protector del bosque salteño”, dijo Prieto. “Es lamentable que Urtubey esté cuestionando nuestras denuncias, y permitiendo la destrucción del bosque, en lugar de compartir esta tarea”
Los activistas bloquearon el martes pasado los tanques de combustible que utilizan las topadoras y que se encontraban en la finca para frenar el desmonte ilegal. Luego de la acción, Martín Prieto, director ejecutivo de la organización, radicó la denuncia penal en la Fiscalía de Tartagal y puso las llaves de los bloqueadores a disposición de la Justicia.
Este fallo histórico en la Justicia provincial, dictado por el Juzgado de Garantías número 1 del Distrito Judicial del Norte, Tartagal, a cargo de la jueza Azucena Vázquez, dispone que, por el momento, los bloqueadores de Greenpeace no pueden ser removidos por el propietario de la finca y que las topadoras no pueden seguir desmontando.
