política
Con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional y universidades de todo el país, la comunidad educativa marchará este martes para reclamar la recomposición salarial y el cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso.
La movilización prevista para este martes 12 de marzo sumó el respaldo masivo de las universidades nacionales de todo el país y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Bajo la premisa de defender el sistema público, las instituciones exigen al Gobierno Nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, una normativa que cuenta con la ratificación del Congreso de la Nación pero cuya implementación denuncian como pendiente.
La convocatoria, que se inició con un fuerte descargo de la UBA en redes sociales y distintos medios de comunicación, plantea que la marcha es vital "para que el sistema universitario público argentino siga funcionando". Desde el CIN y las diversas casas de estudio, el reclamo hace foco en la situación crítica de los salarios docentes y nodocentes, así como en el sostenimiento de los hospitales universitarios, los cuales consideran fundamentales para la atención pública y la formación de futuros profesionales de la salud.
El bloque universitario enfatizó que la protesta trasciende la cuestión presupuestaria técnica, defendiendo el acceso de las nuevas generaciones a la educación superior. "Tenemos derecho a una educación pública, masiva y de calidad", señalaron las autoridades, remarcando que la movilización busca proteger el futuro de investigadores, médicos y estudiantes que integran el entramado científico y educativo de la Argentina.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, señaló: "Docentes que se formaron para enseñar. Profesionales de la salud que estudiaron para salvar vidas. Investigadores dedicados a generar conocimiento y construir futuro.
Hoy, muchos de ellos tienen que manejar en aplicaciones, repartir pedidos o sumar trabajos extra para llegar a fin de mes. No por elección, sino porque sus salarios perdieron la mitad de su poder adquisitivo y se ven obligados a buscar alternativas para sobrevivir.
Mientras tanto, el Gobierno profundiza el desfinanciamiento en áreas esenciales como la salud, la educación y la ciencia.
Esta situación es muy grave y no puede seguir así. Un país que empuja a sus docentes, médicos e investigadores a sobrevivir con trabajos extra no está premiando el esfuerzo ni el conocimiento; está resignando su desarrollo".
