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Organizaciones de la sociedad civil y sociedades científicas alertan a periodistas y autoridades sobre una estrategia en curso en nuestro país, destinada a presentar los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina como una innovación beneficiosa para la salud pública.
La advertencia se produce ante una serie de discursos y eventos públicos orientados a instalar la narrativa de que representa el abandono de una política prohibicionista supuestamente “fallida” y la transición hacia un “mercado regulado, con registro, control de calidad, trazabilidad y supervisión estatal efectiva”, presentando además el cambio argentino como un modelo para otros países de la región.
Según lo publicado en medios de comunicación, se ponderó la nueva normativa por las herramientas que brindaría al Estado para “regular, controlar su calidad y limitar su acceso a los sectores jóvenes”. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con el hecho de que los principales mecanismos previstos para garantizar el registro, la trazabilidad y la fiscalización todavía no se encuentran operativos.
Resulta especialmente preocupante esta disposición de la autoridad sanitaria a participar en espacios de estas características mientras las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones médicas históricamente comprometidas con la salud pública y el control del tabaco vienen reclamando instancias de diálogo sin obtener una respuesta equivalente. Tampoco se ha convocado desde hace más de un año a la Comisión Nacional de Coordinación para el Control del Tabaco. Esta asimetría resulta difícil de conciliar con los estándares internacionales y nacionales de integridad de las políticas de control del tabaco, que recomiendan protegerlas frente a los intereses comerciales de la industria y asegurar la transparencia de las interacciones que puedan influir sobre ellas.
Las organizaciones señalaron que quienes intervienen en el debate sobre políticas públicas deben transparentar sus vínculos institucionales y potenciales conflictos de interés para que sus posiciones puedan ser evaluadas adecuadamente. Esto resulta relevante porque el uso de terceros, organizaciones aliadas a la industria y grupos presentados como independientes para influir sobre el debate público, debilitar políticas de control y favorecer entornos regulatorios más laxos, forma parte de las estrategias de interferencia corporativa documentadas durante décadas en el control del tabaco.
Es así que la existencia de comercio ilegal evidencia, ante todo, problemas de fiscalización; no demuestra que abrir el mercado produzca beneficios para la salud pública.
Por el contrario, las organizaciones firmantes señalaron que el estado actual de las políticas de control de tabaco y nicotina en Argentina es severamente deficitario. La decisión de habilitar la comercialización de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina sin una fundamentación sanitaria sólida que demostrara un beneficio para la salud de la población fue acompañada de una serie de regulaciones sobre composición, envases, registro y autorizaciones sanitarias cuya implementación continúa pendiente.
Las organizaciones llaman la atención sobre la circulación de discursos celebratorios cuyas miradas son coincidentes con las de la industria tabacalera. Recordamos, asimismo, que una de las tácticas históricas de estas empresas ha sido el financiamiento de grupos que puedan defender sus intereses en el debate público, atento al hecho de la conciencia social del daño que sus negocios generan en nuestras comunidades.
Firman:
Unión Antitabáquica Argentina - UATA.
Fundación Interamericana del Corazón Argentina - FIC Argentina
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria - AAMR
Asociación Argentina de Tabacología - AsAT
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables - Fundeps
