opinión
El intento de la presidenta Cristina Fernández de descalificar los legítimos reclamos de los trabajadores contra el pago del Impuesto a las Ganancias, en tanto y en cuanto para nosotros el salario no es ganancia, pone al desnudo la situación de precariedad laboral y magros ingresos que alimentan los actuales niveles de conflictividad social en nuestro país.
La Presidenta reveló, que “el 19 por ciento de los empleados pagan el impuesto” y que el resto, es decir el 81% “no llega a los mínimos no imponibles”. La verdad es que actualmente existen 8.800.000 (el 53,6 por ciento de la fuerza laboral) que están en situación de precariedad y el ingreso promedio no llega a los $3.000, cuando la Canasta Familiar en la zona Metropolitana supera los $7.200. Si a esto le agregamos que en los últimos seis meses se destruyeron casi 329.000 puestos de trabajo, tenemos una radiografía del problema social de la Argentina.
Derogar el Impuesto a las Ganancias y eliminar el tope de las Asignaciones Familiares no obsta para que sigamos con nuestras reivindicaciones históricas para acabar con la desigualdad social marcada a fuego por el incremento del trabajo en negro, los bajos salarios, la precariedad y la tercerización laboral.
La resolución de la actual dispersión de los salarios, no será podando los haberes medios a través de la imposición de tributos al ingreso, sino elevando el piso mínimo a todos los trabajadores.
La CTA ratifica su reclamo por la urgente convocatoria al Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo, para fijar un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $5.000, la eliminación del Impuesto a las Ganancias y avanzar en una Reforma Impositiva de carácter progresiva para que definitivamente paguen más los que más tienen.
Pablo Micheli
