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La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifestó al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mauricio Macri su preocupación por la falta de integración del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que se encuentra incompleto desde el 1 de octubre de 2009 cuando se efectivizó la renuncia de Julio Maier. La misiva de la ADC se enmarca en un reclamo similar presentado semanas atrás por un grupo de destacadas organizaciones de la sociedad civil.
En la carta enviada a Macri la ADC advirtió que la excesiva demora en presentar la candidatura para integrar el máximo tribunal de justicia afecta las condiciones de funcionamiento del Poder Judicial e implica un incumplimiento de los preceptos de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido, dicha situación limita seriamente la institucionalidad de la Ciudad de Buenos Aires por lo cual instó al Jefe de Gobierno a que presente con celeridad su propuesta de candidato/a a la Legislatura. A más de 30 meses de producida la vacante, la ADC considera que no puede dilatarse más la situación.
Los procesos de designación de las autoridades del Poder Judicial acaecidas en los últimos años, y actualmente la del Procurador General de la Nación, han puesto de relieve la importancia de someter las postulaciones para los más altos cargos del sistema de justicia a procesos participativos y transparentes, que permitan un extenso debate público. Esto resulta especialmente notorio a la luz de los cambios que tuvieron lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La deliberación pública y el escrutinio ciudadano han permitido asegurar que los postulantes reunieran las condiciones de idoneidad e independencia necesarias para las funciones propuestas. Por tal motivo la ADC instó al Jefe de Gobierno a que considere las lecciones que derivaron de dicho proceso para que sirvan de referencia para mejorar el actual mecanismo de designación de magistrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la misma línea, la ADC solicitó revisar la derogación del Decreto 1620/03, en septiembre de 2010, que preveía mecanismos de publicidad y de participación ciudadana similares a los que establecen el Decreto 222/03 del Poder Ejecutivo Nacional para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La revocación de dicho decreto negó de manera rotunda cualquier intervención de la ciudadanía en el proceso de selección de tan importante cargo lo que constituyó un serio retroceso en términos de calidad institucional y de buenas prácticas de gobierno. Dicho instrumento legal había instaurado un proceso que aseguraba que las nominaciones fueran hechas de manera prudente y sobre la base de antecedentes profesionales y criterios de idoneidad, asegurando así las condiciones legales e institucionales adecuadas para el funcionamiento independiente del Poder Judicial.
Por tal motivo la ADC reclamó a Macri que se reinstalen los mecanismos que aseguraban estándares de calidad institucional acordes con una comunidad política desarrollada como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
