opinión · política
Quienes integramos la Comisión Paritaria Central, en representación del SUTECBA, hemos sido notificados el día 20 del cte., a través del Ministerio de Hacienda, que las autoridades del Gobierno Porteño tomaron la decisión de eliminar alrededor de 1.000 puestos de trabajo, arrojando a la calle, consecuentemente, a un número igual de trabajadores, correspondientes a los escalafones administrativo, profesional, docente, servicios generales.
Pretenden justificar esta medida invocando el art. 48 de la Ley N º 471 (cesantía por inasistencias), en una actitud que resulta arbitraria, extemporánea e ignominiosa, dado que quebrantan los acuerdos alcanzados, realizan un manejo discrecional de la norma, al ignorar lo establecido en el art. 47, inciso b) de la misma, adoptan un procedimiento que desconoce los tiempos administrativos pero, lo que es más grave y lesivo aún, denotan un desprecio absoluto por los trabajadores, privándolos de información en tiempo y forma, conculcándoles su derecho a la carrera y arrasando la estabilidad consagrada constitucionalmente en el empleo público.
No sólo no existe documentación probatoria fehaciente que respalden estas cesantías sino, incluso, a un número considerable de contratados que resultan damnificados se les imputan supuestas faltas cometidas con anterioridad a la renovación de los contratos.
La aplicación tardía de la norma, incluso pudiendo admitir que la misma se ajusta a los acontecimientos previstos, aunque no está demostrado que esto fuera así, la torna ineficaz, pues no corrige la situación que pretende encausar. En todo caso pone al descubierto un error de procedimiento del cual deben hacerse cargo los funcionarios desligando a los trabajadores. La ineficiencia y el desinterés en la función pública provocan deterioros mayores que las eventuales ausencias.
Seguramente no fue del agrado de varios funcionarios del elenco gobernante el Acta que suscribimos en la Comisión Paritaria Central –que firmaron también el Jefe de Gobierno y nuestro Secretario General el 29 de Octubre del año ppdo.- para incorporar a 17.000 contratados, independientemente que éstos por dedicación, antigüedad e idoneidad ya habían aquilatado los méritos suficientes para merecer la estabilidad laboral.
Ello explica el espíritu que privó en la Resolución N º 2818/09, del mes de Diciembre, que mediante un texto insólito por su autoritarismo ordenaba a los Jefes de Áreas a evaluar al 10% del personal a su cargo con puntaje descalificatorio, con el objeto de bloquear posibles ascensos o impedir, en el caso de los contratados, su incorporación a la planta permanente.
Nuestra organización frustró la concreción de esta medida, recurriendo incluso a la vía judicial.
Sin embargo, esto no desanimó al grupo de funcionarios más recalcitrantes, convencidos que la única solución posible a una gestión deficitaria pasa por escamotear los salarios y recortar cargos.
Su obcecación les impidió ver que nuestra acción había solucionado un serio conflicto institucional; su alterada sensibilidad los llevó a experimentar el dolor de una herida narcisista.
Por eso vinieron por la revancha, sin medir que las consecuencias de esta nueva decisión producen un daño devastador a las familias de los trabajadores afectados; tampoco prevén los efectos del deterioro institucional.
Queremos hacer hincapié que no sólo no defendemos a ñoquis, en caso que los hubiere; por el contrario, repudiamos todo tipo de régimen prebendario que beneficia al clientelismo en perjuicio de quienes efectivamente trabajan.
Pero, es necesario aclarar, que nuestro propósito no consiste en abrir un debate semántico sino en la reivindicación y protección de los trabajadores; correspondientemente, un rechazo a todo aquello que implique mendacidad, injusticia, exclusión y apriete.
Esta expulsión, y es menester que todos lo tengan claro, no es un hecho casual, ni producto de un acto errático, está orquestado por dos ideólogos reaccionarios y un ejecutor servil.
Los ideólogos son el actual Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta y el Secretario General de Gobierno, Marcos Peña; el ejecutor el Subsecretario de Recursos Humanos, Alejandro Speroni. Un único estilo los caracteriza: los tres ostentan una arrogancia desdeñosa hacia los servidores públicos.
En vigor de verdad, no son otra cosa que una versión caricaturizada y actual de aquellos que, en otras épocas, medraron con el vaciamiento del Estado.
Frente a esto decimos:
1. Repudiamos la medida expulsiva adoptada y a quienes la concibieron y participaron de ella.
2. Denunciamos a las autoridades del Gobierno de la Ciudad , partícipes del hecho señalado, por violación de los acuerdos paritarios.
3. Solicitamos a nuestro Secretario General y al Consejo Directivo del SUTECBA, que implementen las medidas necesarias para convocar urgentemente a un plenario general de delegados, a fin de organizar un plan de lucha que ponga coto a estos reiterados desatinos que, sistemáticamente, agravian a los trabajadores.
4. Ratificamos nuestra firme convicción, que la solidaridad de los municipales será, como siempre, el sostén principal para capear estas circunstancias adversas.
5. Hacemos responsables a los funcionarios más arriba mencionados de las consecuencias que pudieran derivar de este inadmisible atropello.
COMISIÓN PARITARIA CENTRAL - ENRIQUE PISTOLETTI - ALEJANDRO AMOR - GENARO TROVATO - PATRICIO DATARMINI - MUNICIPALES DE CAPITAL
