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Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades brasileñas que revoquen una ley que impide investigar y procesar a los responsables de cientos de casos de violaciones de derechos humanos. La Ley de Amnistía de 1979, que entró en vigor el 28 de agosto de ese año, impide que los responsables de la práctica generalizada de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones durante el régimen militar (1964-1985) sean procesados por estos crímenes.
“Esta ley es un escándalo y no hace sino impedir que se imparta justicia", manifestó Susan Lee, directora del Programa de Amnistía Internacional para América, quien agregó: "Manteniendo una ley que permite que crímenes como la tortura y el asesinato queden impunes, Brasil va a la zaga de otros países de la región que han hecho esfuerzos notables para abordar estos asuntos.”
“Permitir que queden sin castigo crímenes cometidos en el pasado, como torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones, impide a las víctimas y sus familiares ejercer su derecho a la verdad, la justicia y la reparación", explicó Lee.
Argentina y Perú, entre otros países, han hecho importantes esfuerzos para investigar y procesar a algunos de los responsables de crímenes similares cometidos durante los regímenes militares del pasado, como el de anular sus propias leyes de Amnistía.
Varios organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, han resuelto que declarar amnistías sobre casos de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada es incompatible con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Gomes Lund y otros vs. Brasil, concluyó que la Ley de Amnistía no se ajustaba a las obligaciones de Brasil en virtud del derecho internacional y resolvió que éste debía “adoptar todas las medidas para dejar sin efecto” esa ley.
“La Ley de Amnistía de Brasil es contraria a todos los compromisos nacionales e internacionales contraídos por el gobierno para defender y respetar los derechos humanos. Debe declararse nula y los responsables de abusos contra los derechos humanos deben comparecer sin demora ante la justicia” manifestó Susan Lee.
