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Amnistía Internacional se presentó hoy ante la Justicia tucumana para advertir que, si obstaculiza el acceso a abortos no punibles en los centros de salud de la provincia, estaría violando obligaciones internacionales contraídas por el estado argentino en materia de derechos humanos.
La organización presentó un dictamen de amicus curiae en el expediente iniciado por la legisladora tucumana Silvia Elías de Pérez, quien acudió a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de la provincia para pedirle que impida la realización de abortos legales a mujeres que declaren estar embarazadas como resultado de una violación. Si acepta este pedido, la Cámara estaría incumpliendo lo dispuesto por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo de 2012. En esa sentencia, el máximo tribunal del país interpretó el alcance del artículo 86 del Código Penal y aclaró que el aborto no es punible cuando el embarazo ponga en peligro la vida o salud de la mujer o cuando provenga de una relación sexual no consentida. Además, estableció que no se requiere denuncia policial ni autorización judicial previa y exhortó a la Nación y a las provincias a que sancionen protocolos que regulen el acceso a la intervención legal del embarazo.
En su escrito de “amicus curiae” –una figura legal que permite a personas o instituciones ofrecer su opinión al tribunal cuando el caso involucre hechos de interés público–, Amnistía Internacional advirtió que, si el pedido de la legisladora prospera, “se estaría comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado Argentino, ya que el derecho internacional de los derechos humanos es claro en ordenar al Estado avanzar en la no punibilidad del aborto”.
También afirmó que, si se prohíbe la realización de abortos no punibles en los hospitales públicos tucumanos, como pidió la legisladora, “se estaría poniendo en riesgo la vida y la salud de miles de mujeres y niñas tucumanas de escasos recursos que, ante dicha prohibición, recurrirán a abortos inseguros en centros clandestinos que muchas veces se cobran sus vidas o les dejan serias secuelas en su salud”.
Amnistía Internacional celebra que un fallo judicial haya puesto en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires la ley local 4138, que regula el acceso a abortos no punibles de acuerdo a los estándares que fijó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2012. La sentencia del juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo declaró la inconstitucionalidad del veto que había aplicado el jefe de Gobierno de la Ciudad y ordenó que se tenga por promulgada la ley. El juez también declaró la inconstitucionalidad de un protocolo de acceso a abortos no punibles que había sido sancionado por el ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos y que fijaba restricciones que desnaturalizaban el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
