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Los ministros de Defensa, Agustín Rossi; el de Justicia, Julio Alak; y de Salud, Juan Manzur, firmaron hoy un convenio que establece la creación de una Comisión de Asesoramiento Médico que controlará la salud de represores detenidos.
Según se explicó, la Comisión se encargará de revisar los antecedentes médicos de imputados, procesados o condenados en causas de delitos de lesa humanidad, que se encuentren internados o bajo tratamiento ambulatorio en dependencias hospitalarias de las Fuerzas Armadas.
En el Salón Belgrano del Edificio Libertador, sede de la cartera, el ministro Agustín Rossi señaló: “Tenemos la directiva de la Presidenta de conformar una comisión médica asesora entre los tres Ministerios para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares”.
Seguidamente, el titular de Defensa explicó que el informe de dicha evaluación “será elevado a la Justicia, para determinar si aquellos condenados por delitos de lesa humanidad deben permanecer en dichos centros asistenciales, si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza o regresar a las unidades penales correspondientes”.
Rossi especificó que en el marco de este convenio “Defensa tiene la tarea de recabar la historia clínica de cada uno de los prisioneros, determinar cuántos internados hay en los distintos hospitales de las FFAA y, a partir de allí, junto con los otros dos Ministerios, proceder a una evaluación y tomar las decisiones que correspondan”.
Finalmente, el ministro afirmó: “El último viernes adoptamos la resolución de no aceptar dentro de hospitales militares la atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa humanidad, ya sea en el caso de internación o tratamiento ambulatorio. Buscamos así evitar situaciones como la que se produjo la semana pasada”.
Por su parte, Julio Alak subrayó que “esta medida se funda en la idea de que ningún privado de su libertad tenga algún tipo de privilegio. La Presidenta siempre reitera que el Servicio Penitenciario Federal debe garantizar todos los derechos humanos, pero que también no deben existir privilegios”.
Y agregó: “Este acuerdo interministerial apunta a verificar realmente si existen causales para estar en una atención médica determinada, y si esa prestación tranquilamente se puede brindar en el Hospital de Ezeiza que tiene los servicios médicos de mediana y alta complejidad suficientes como para poder albergar a civiles y militares que estén imputados por crímenes de lesa humanidad”.
Acompañaron los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Jorge Fernández; de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Santiago Rodríguez; y de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias, María Cecilia Rodríguez; entre otros funcionarios de las tres carteras.
