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La nueva prórroga de la declaración de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, que se apresta a votar el Congreso Nacional, es un paso positivo, aunque el Poder Ejecutivo debe acelerar el demorado proceso de relevamiento, afirmó hoy Amnistía Internacional Argentina.
En 2006, el Congreso votó la ley 26.160, que ordenó la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y suspendió los desalojos por el término de cuatro años. Los efectos de esa norma ya fueron prorrogados una vez, en 2009, hasta noviembre de 2013. Además del Presupuesto Nacional, la Cámara de Diputados tiene previsto votar hoy una nueva extensión del plazo –hasta noviembre de 2017– para el que Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), órgano ejecutor, cumpla con los compromisos establecidos en la norma. El Senado ya le dio media sanción a la prórroga.
En los 8 años transcurridos desde la declaración de emergencia original, es poco lo que se ha avanzado con el relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. Este relevamiento es un paso previo imprescindible para que las comunidades indígenas puedan obtener los títulos de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, derecho reconocido por la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. Si bien la nueva ampliación del plazo es una señal en favor de los derechos de los pueblos indígenas, tanto el gobierno nacional como las provincias deben dar señales firmes sobre su real compromiso político con el reconocimiento de la propiedad de las comunidades sobre sus tierras ancestrales, que constituyen un elemento central de su cosmovisión cultural.
“La prórroga del plazo de esta ley debe ser un paso hacia el efectivo cumplimiento del proceso de relevamiento de las tierras y territorio originario indígena, no una concesión graciosa para que el Estado continúe posponiendo su obligación de cumplir cabalmente con los derechos de los pueblos originarios en Argentina”, afirmó Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina. Y agregó: “El programa de relevamiento del INAI tiene la finalidad de reconocer la tenencia de tierras indígenas y esto es muy valioso, pero no incluye un procedimiento para la titulación y entrega efectiva a sus legítimos poseedores. En este sentido, aún se adeuda el desarrollo e implementación de una propuesta efectiva de posesión y propiedad comunitaria de tierras respetuosa de los derechos y costumbres indígenas”.
