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"Están poniendo en riesgo el normal abastecimiento de productos y sus precios, violando la ley y generando incertidumbre donde no debería haberla”
sostuvo el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Dr. Fernando Blanco Muiño, quien evalúa impulsar una denuncia judicial para que se investigue la situación creada entre el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y la AFIP, que dirige Ricardo Etchegaray, que hace peligrar la normal operatoria del puerto de Buenos Aires.
“La Administración General de Puertos (AGP), que depende de Randazzo, bloqueó hace unos días atrás el uso de una zona operativa aduanera que había sido ilegalmente autorizada en la Terminal 4 por la Aduana, que está bajo el mando de Etchegaray. La AGP dispuso que los portones que comunican Terminal Buenos Aires S.A. y Terminal Cuatro S.A deben permanecer perfectamente cerrados y precintados, y que sólo podrán estar abiertos con autorización expresa por parte de las autoridades de la administración portuaria y/o ante un caso de extrema necesidad. Ante semejante ilegalidad, hemos intimado por acta notarial a la AGP y a las Terminales para que cumplan con la ley y con las disposiciones de las áreas de la administración que tienen competencia en la materia”, informó Blanco Muiño.
“Las contradictorias decisiones de los funcionarios del Ejecutivo Nacional generan mucha preocupación tanto a los importadores como a las terminales portuarias pero sobre todo, y es lo que nos interesa, a los consumidores por el impacto en abastecimiento y precios. Esto se debe, por un lado, a que esta situación afecta muy seriamente los trámites de importación de contenedores con múltiples productos que luego se vuelcan al mercado local y, por el otro, porque en este marco de ilegalidad se estaría negociando la prórroga portuaria por más de veinte años, excediendo el plazo del mandato de la actual administración, todo ello sin intervención de los organismos de control, sin audiencia pública, sin el control de la Comisión Parlamentaria de control de la privatizaciones ni de la UNIREN”, sostuvo Blanco Muiño.
“Todo esto tal como funcionaba hasta la decisión de Randazzo constituía una monumental ilegalidad, que consolidaba un enriquecimiento ilícito de las concesionarias en detrimento de la sociedad toda, pero en particular de los consumidores, usuarios y destinatarios de los bienes importados a incorporar a la cadena de consumo y producción nacional. Es absolutamente ilegal la autorización que la AFIP le otorgó a la Terminal Cuatro S.A. siendo cómplice el organismo recaudador de una explotación comercial ilícita, ampliando sin autorización el espacio originalmente autorizado para la concesión, y más aún sin tener la potestad para otorgar esa autorización, dado que la autoridad de control de Puertos es la AGP y no la Administración Federal de Ingresos Públicos”, explicó Blanco Muiño.
