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Amnistía Internacional condenó el accionar violento por parte de las fuerzas de seguridad de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires durante el desalojo del predio “Papa Francisco”, de Villa Lugano, el último 23 de agosto.
En una carta dirigida al jefe de Gobierno de la Ciudad, a su ministro de Justicia y a la ministra de Seguridad de la Nación, la organización de derechos humanos manifestó su preocupación por el uso abusivo de la fuerza, que ya se había manifestado en otras ocasiones durante los últimos años, como por ejemplo en el Parque Indoamericano en 2010 y en el Hospital Borda en 2012.
En la carta se reclamó a las autoridades que inicien acciones judiciales y administrativas para investigar los hechos y sancionar a los responsables directos, como también a los responsables de controlar el accionar de los agentes de la Policía Metropolitana y Gendarmería Nacional y prevenir el uso excesivo de la fuerza.
Amnistía Internacional señaló que las normas internacionales de protección de derechos humanos, a las que Argentina se encuentra obligada, establecen claramente que todo uso de la fuerza debe ser excepcional y que las fuerzas de seguridad deben estar capacitadas sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido el uso de las armas.
Por otro lado, la organización recordó que es obligación del Estado el diseño de una política para enfrentar la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. El derecho a una vivienda adecuada, que está protegido por numerosos instrumentos internacionales, incluye el derecho a la protección contra los desalojos forzosos. El uso de la herramienta represiva o penal no puede nunca ser el mecanismo de respuesta estatal para resolver problemáticas sociales.
Durante el operativo del 23 de agosto, 6 personas fueron detenidas y varias resultaron heridas. Fueron removidas y destruidas casillas y viviendas que habían sido levantadas desde febrero, cuando el terreno fue ocupado.
