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La Confederación Sindical de las Américas (CSA) remitió una carta a Cristina Fernández de Kirchner, en la que reclama su intervención para la resolución del conflicto en el Correo Argentino y la reincorporación de los trabajadores despedidos por ejercer su derecho a la libertad y democracia sindical.
La misiva dirigida a la presidenta firmada por el secretario general de la CSA, Víctor Baéz Mosqueira, expresa la “preocupación por la afectación al libre ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores de la sociedad estatal Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), que se desempeñan en la sede central Operativa de Monte Grande, provincia de Buenos Aires”.
“Hemos sido informados que a comienzos del mes de marzo de 2009 y en el marco general de las negociaciones colectivas dirigidas a mejorar los salarios de los trabajadores frente a la depreciación que vienen sufriendo los mismos, comenzaron a organizar asambleas en el horario del refrigerio y en el comedor del establecimiento, con el fin de llevar adelante sus reclamos”, advierte otro de los párrafos de la carta. Y señala que “en más de una oportunidad se reclamó la participación en dichas asambleas de los delegados de personal y de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones de Buenos Aires (SITRACYT) y de la Asociación Argentina de Telegrafistas y Radiotelegrafistas (AATRA), con la finalidad de presentarles los reclamos de mejoras salariales que pedían los trabajadores”.
El referente de la CSA –que agrupa a más de 50 millones de trabajadores en América- recordó que dichas asambleas “comenzaron a realizarse con mayor frecuencia, y ante la falta de respuesta a las solicitudes de los trabajadores (aumento salarial, conversión de las sumas no remunerativas en remunerativas, inclusión al básico de los viáticos, entre otras) en fecha 13 de mayo de 2009, se decidió en asamblea (donde participaban cerca de 500 trabajadores entre todos los turnos) realizar medidas de acción directa consistentes en estado de asamblea permanente, quite de colaboración y trabajo a desgano, todo ello evidentemente con asistencia al lugar de trabajo”.
Atento la falta de respuesta y la desaprensión por parte de los dirigentes de los sindicatos mencionados, los trabajadores comenzaron a afiliarse a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA). “La representación de ATE en el sector es indudable”, remarcó Báez, al tiempo que sostuvo que “ATE agrupa en su seno a los trabajadores estatales que tengan relación de dependencia o presten servicios para cualquiera de los poderes del Estado Nacional, Provincial o Municipal, entes autárquicos, entes públicos no estatales, empresas estatales, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas, sociedades estatales y con participación de capital estatal, servicios de cuentas especiales, y todo otro organismo centralizado o descentralizado en el orden nacional, provincial, municipal o mixto. Pero la empleadora, con una clara actitud persecutoria, comenzó a hostigar a los compañeros que intentaban asociarse colectivamente y afiliarse”.
El secretario general de la CSA repudió que se haya citado a los trabajadores “a través de telegramas colacionados a los fines de que se presenten en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Correo, sede Central Administrativa, para realizarles un interrogatorio por parte de un miembro de la empresa, frente a un escribano público, sin fundamento alguno y absolutamente contrario a derecho. En dichos interrogatorios se mostraron a varios trabajadores imágenes de videos de seguridad con el fin de descifrar si habían participado en las asambleas llevadas a cabo en el mes de mayo; si eran afiliado a algún sindicato; si eran delegados de algún sindicato, asimismo, se les preguntó sobre sus ideas políticas y gremiales”.
Para colmo, a varios de ellos se les descontó horas de la jornada efectivamente trabajada, “descontándosele por ende, el proporcional de salario a percibir, todo ello sin justificación alguna”, detalló el dirigente. En respuesta, ATE solicitó un pedido de reunión urgente para abordar estos puntos en un marco de consenso pero la respuesta fue más represalia a los trabajadores, dando preaviso a varios trabajadores del fin de sus contratos determinados. Baez repudió “los descuentos salariales a aquellos compañeros que contestaron a tales quitas enviando telegramas laborales, y lo que es peor, despidiendo a muchos otros trabajadores imputándoles falsamente haber perjudicado la producción del servicio postal de la empresa y manifestándoles haber incurrido en falta grave por pretender organizarse”.
El propio CORASA, en sus comunicaciones de despido, ha puesto como argumento que el despido fue porque en una asamblea “planteaba el tratamiento de reclamos salariales atribuyéndose un inexistente mandato de las entidades gremiales”. Báez refutó tales dichos por “falsos” y manifestó que “el compañero intentaba, sin erigirse en mandato alguno, y bajo persecución de la patronal mediante, concientizar a los compañeros sobre los derechos que tienen y pueden ejercer para mejorar sus condiciones dignas de vida, y para ello organizarse sindicalmente”.
No obstante los despidos, los descuentos y los preavisos de fin de relaciones contractuales, ATE decide convocar a elección de delegados gremiales para el 29 de julio de 2009. Comunica esta decisión el 15 de Julio a la empresa CORASA y al Ministerio de Trabajo. Asimismo el gremio reclama que se retrotraiga la situación de persecución a fojas cero. La respuesta de la empresa fue la impugnación de la presentación. A pesar de esto la elección se llevó a cabo y más de 100 afiliados ejercieron su dereho democrático para elegir a sus representantes sindicales. Fueron electos Pablo Orellano, Carlos Ariel González, Jorge Albino Salas y Alejandro Alan Pereira, todos delegados de personal con mandato desde el 29 de julio de 2009 hasta el 29 de Julio de 2011 con el correspondiente año posterior de tutela. Ello fue debidamente notificado.
Para Báez “con todo lo narrado se manifiesta una ostensible actitud de persecución a los trabajadores que deciden organizarse en base a lo estipulado en la Constitución de la Nación Argentina, el artículo 14 bis y los Convenios de la OIT 87 y 98. Por eso solicitamos la intervención de la Presidenta de la Nación para la resolución de este conflicto y que los trabajadores despedidos sean reincorporados y que se respete la elección de los legítimos representantes de los trabajadores y sus sindicatos".
