opinión
ELECCIONES EN BRASIL
El domingo pasado se desarrollaron las elecciones presidenciales en Brasil.
Nadie dudaba acerca de que la candidata apoyada por Lula, Dilma Rousseff, obtendría el primer lugar. La única cuestión era determinar si sacaría más del 50%, para consagrarse presidenta sin necesidad de una segunda vuelta. Los sondeos previos indicaban que así podía suceder.
Sin embargo, obtuvo el 46,9% de los sufragios contra el 32,6% del socialdemócrata José Serra, un dirigente de larga trayectoria vinculado políticamente a Fernando Henrique Cardoso. La sorpresa fue el buen resultado de la candidata ecologista Marina Silva, que trepó al 19.3%.
Pese a que no superó el 50% -por lo que no se trata de una elección plebiscitaria-, es altamente improbable que Dilma no venza en la segunda vuelta.
Está muy cerca del 50% y le basta con que una pequeña parte de los votos de Silva vayan hacia ella para llegar al triunfo. Pese a que la candidata del partido Verde afirmó que no habría una posición única en su espacio y que los votos que la acompañaron en la elección, por la diversidad de su composición, se dividirán entre quienes alcanzaron la segunda vuelta, todo indica que ellos irían mayoritariamente hacia Dilma.
Es que Marina Silva fue ministra de Lula por 6 años y constituye un desprendimiento del oficialismo, lo cual sugiere que sus votantes se inclinarán más por la candidata de Lula que por Serra.
Dilma Rousseff no es carismática como su padrino político, pero tiene, a diferencia de él, una sólida formación académica y es reconocida por su capacidad de gestión y seriedad. Tampoco comparte con Lula el origen social. Dilma proviene de una familia acomodada. Su padre era un abogado y empresario vinculado al Partido Comunista.
En cualquier caso, sabemos que las grandes líneas de las políticas públicas no variarán. Esas líneas no fueron trazadas por Lula, sino por su predecesor Fernando Henrique Cardoso. Hoy Brasil ya juega en las grandes ligas. Su tablero es el mundo. Es la octava economía mundial, que lidera la robusta recuperación de un nuevo bloque regional que, bautizado con las siglas “LA-4”, integra con Chile, Colombia y Perú.
Por ello, en ese contexto, la Argentina tiene una importancia relativa menor ahora para nuestros vecinos. Alguna vez los miramos como adversarios regionales. Hoy sería una petulancia nuestra hacerlo, ya que la entidad de Brasil ha superado holgadamente a la nuestra.
Brasil muestra los resultados de décadas de políticas de estado que siguen un rumbo claro más allá de los cambios de gobierno. La Argentina representa el modelo opuesto. Las consecuencias están a la vista.
CRISIS CON CHILE
Oportunamente señalé que constituía un agravio del gobierno nacional a la hermana República chilena el negarle la extradición de Galvarino Apablaza Guerra, un ex guerrillero chileno imputado de la autoría intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz y del secuestro de Christian Edwards del Río, alto directivo del diario El Mercurio, el más tradicional del país trasandino, ambos hechos ocurridos en 1991.
No hubo motivo alguno para sostener aquella negativa. El crimen de Errázuriz fue perpetrado en plena democracia, fría y premeditadamente, y no en el marco de una guerra civil. Chile es no sólo hoy una democracia consolidada, sino en muchos sentidos ejemplar para América Latina. Rechazar la extradición fue decirle que la Argentina no considera confiable a su sistema judicial.
La cuestión sigue teniendo vigencia y la tendrá por mucho tiempo, porque como era previsible ya ha empezado a empañar las relaciones bilaterales entre Chile y la Argentina. Es importante destacar que esta ofensa no se le hizo a un gobierno de centro derecha, sino a todo un país. Todo el arco político chileno reaccionó indignado frente a esta absurda decisión de los Kirchner.
Recordemos que la anterior presidenta de Chile, Michelle Bachelet, del Partido Socialista, quien por su historia personal podría haber actuado de otra forma, le pidió a Cristina Kirchner que resolviera la extradición.
No es, entonces, un tema de derecha e izquierda. Debemos reiterar que los delitos por los que se imputa a Apablaza fueron cometidos en Chile durante la absoluta vigencia de la democracia.
Se trata, por lo tanto, como lo dijo la Corte Suprema, de un crimen común y no de un crimen político.
¿Con qué fundamentos se negó la extradición? No lo sabemos, porque la CONARE, escudándose en la confidencialidad que aparentemente le otorga la ley a las actuaciones sobre extradición, no ha publicado los fundamentos.
El gobierno no ha explicado tampoco tamaña afrenta a la democracia chilena, a la que implícitamente se considera de menor jerarquía, ya que se presume que no respetará el debido proceso. Las pocas declaraciones públicas sobre el asunto, surgidas del oficialismo, son muy desafortunadas. El canciller Timerman, que día a día confirma nuestra sospecha inicial de que el cargo le queda muy grande, no aportó ninguna razón, pero insultó a los legisladores chilenos que reclamaban sobre este tema, sosteniendo que eran imbecilidades y que decían pavadas.
Es que cuando no hay razones, se recurre a la injuria gratuita. Chile citó a nuestro embajador en Santiago para pedirle explicaciones. Sin dudas, las relaciones bilaterales han de resentirse. ¿Por qué? ¿Con qué propósitos? ¿Sólo para conformar a Hebe de Bonafini y otras agrupaciones menores que malversan la causa de los derechos humanos? ¿Tan débil está el gobierno nacional que se aferra a esas minorías extravagantes? ¿Ya ha renunciado completamente a intentar representar a la gran mayoría de los argentinos?
Dr. Jorge R. Enríquez
Abogado y periodista
