La Comisión Ballenera Internacional (CBI) está llevando a cabo su 63º reunión anual en las islas del Canal de la Mancha. Este año participan del encuentro 61 naciones, entre las que se encuentra Argentina, como parte del Bloque Latinoamericano. Los debates de esta reunión se focalizan en la propuesta de Argentina y Brasil de crear un Santuario para proteger a las ballenas en el Atlántico Sur, esto significa un área que prohíba la cacería y promueva actividades de investigación y uso no letal de estos cetáceos, como el turismo de avistamiento.
“Para Greenpeace es fundamental que el Santuario avance hacia su aprobación, dado que se cumplieron diez años de su presentación y, desde entonces, Japón intentó frenar esta medida por medio de extorsiones a los países integrantes de la comisión”, manifestó Milko Schvartzman, representante latinoamericano de Greenpeace en la isla de Jersey.
La propuesta del Grupo de Buenos Aires (GBA), como se conoce a la alianza de Argentina y Brasil, cuenta con el apoyo de la mayoría de los representantes, pero las trabas de los países balleneros podrían impedir que obtenga el 75% de los votos necesarios para crear el Santuario. La decisión de llevarlo a votación este miércoles será tomada en el último minuto, tras evaluar el desarrollo de las reuniones previas, así como también los acuerdos en cuestiones estratégicas.
“Japón no solo depreda los recursos marinos en aguas internacionales, sino que tampoco permite a los países latinoamericanos que protegen a las ballenas, a tomar medidas de conservación en sus propias regiones”, analiza Schvartzman.
Asimismo y como resultado de estas irregularidades, el Reino Unido presentó una propuesta que plantea el acceso público a los documentos emitidos por la comisión, para convertir a la CBI en un organismo más transparente.
“La CBI tiene un prontuario de corrupción, falta de transparencia y censura, producto del lobby de un pequeño grupo de países cazadores de ballenas. Sin ir más lejos, el año pasado Japón pagó el hotel y gastos al Presidente de la CBI, quién debió renunciar tras la evidencia de esta extorsión”, explicó Schvartzman. Por su parte, Dinamarca, Noruega e Islandia se oponen fuertemente a que las ONGs y científicos representantes de la sociedad civil, tengan mínimos derechos de expresión en el debate. En cambio, “el Bloque Latinoamericano es claramente la fuerza conservacionista más activa en la CBI: Colombia y República Dominicana acaban de adherir a la Comisión y así demuestran su fuerte convicción en defender a las ballenas y los derechos de expresión de la sociedad civil”, concluyó Schvartzman.
