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Amnistía Internacional presentó ayer junto a otras 36 organizaciones de la sociedad civil un Informe con motivo de los 20 años del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD).
El documento evalúa las acciones realizadas en el país para cumplir los compromisos asumidos en 1994, durante la CIPD que se desarrolló en El Cairo, Egipto. Así, refiere los avances que alcanzó Argentina y los desafíos pendientes en materia de derecho a la salud y salud sexual y reproductiva, morbilidad y mortalidad maternas; equidad e igualdad de género; familia y bienestar social, población educación y desarrollo, urbanización, migración interna einternacional y desarrollo; y la situación de poblaciones específicas, como jóvenes, pueblos originarios, migrantes, personas que viven con VIH, trabajadoras sexuales y diversidad sexual. El documento es también un aporte para la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Montevideo del 12 al 15 de agosto, y para la Conferencia Mundial Cairo +20, prevista para el año próximo.
La presentación de ayer contó con la presencia de Babatunde Osotimehin, Director Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), agencia encargada de coordinar el seguimiento y revisión de la implementación del Programa de Acción de la CIPD, en base a datos y análisis proporcionados por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. “La sociedad civil argentina es sumamente activa y esto facilita el impulso de este tipo de procesos: Asimismo resaltó que “en el país ha habido avances en términos legislativos, como el matrimonio igualitario, pero sé que hay desafíos y otros pasos que necesitan implementarse para garantizar los derechos. Yo mismo fui Ministro de Salud en mi país (Nigeria) y sé lo que es la frustración de que las leyes federales no se implementen en todo el territorio de la Nación”, dijo Osotimehin.
La coordinadora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, señaló los principales desafíos identificados en el país a la hora de elaborar el informe. Entre ellos señaló la necesidad de asegurar la producción y accesibilidad de datos de datos confiables y actualizados, que son imprescindibles para la implementación de políticas de población y desarrollo. También resaltó el hecho de que los derechos sexuales y reproductivos estén incorporados en la agenda de las políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal, a través de la sanción de leyes y la programas en los últimos años. Sin embargo, señaló que aún persisten en la realidad muchas diferencias en la realización de estos derechos, como así también barreras en el acceso a los servicios. Y habló de una gran fragmentación en todo el territorio nacional. En ese sentido, afirmó que importantes avances, como las leyes de violencia de género o programas que incrementan la participación de la mujer en la economía quedan teñidos por la falta de implementación de manera homogénea en todo el territorio.
