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La reforma legislativa aprobada en España, que limita la facultad de los jueces de investigar y enjuiciar graves crímenes de derecho internacional, podría consagrar la impunidad de muchos responsables de graves delitos y es una violación a obligaciones internacionales contraídas por España señalaron desde AI.
El Grupo Parlamentario Popular justificó la necesidad de la reforma, alegando que se ha hecho un uso excesivo de la jurisdicción universal. Sin embargo, con la reforma de la Ley Orgánica aprobada se cerrará la puerta para que víctimas de graves violaciones a los derechos humanos accedan a los tribunales españoles para reclamar justicia.
El principio de jurisdicción universal atribuye a los tribunales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas, atentan contra la Comunidad Internacional en su conjunto. Estos crímenes incluyen el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y la desaparición forzada. El consenso de la Comunidad Internacionales es muy claro: estos crímenes golpean la conciencia de la humanidad y han de ser castigados; es deber de todo Estado investi3gar y perseguir a sus responsables expresaron desde Amnistía Internacional .
La reforma aprobada en España, sin embargo, introduce un amplio y complejo conjunto de requisitos que deben cumplirse para que los tribunales españoles tengan competencia para investigar y perseguir esos crímenes.
En particular, se establece que en el caso de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, para que puedan investigarse y enjuiciarse en España, el sospechoso debe ser o bien español; o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; o un extranjero que se encuentre en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Por su parte, respecto a los delitos de tortura y desaparición forzada, se exige que el sospechoso sea un español; o alternativamente que la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona sospechosa se encontrara en territorio español.
Amnistía Internacional cree que en caso de no cumplirse estos requisitos, se habilita a los jueces españoles a perseguir delitos cuyo carácter obligatorio venga impuesto por un tratado internacional, siempre y cuando el sospechoso sea extranjero, se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.
Se trata un golpe devastador para la jurisdicción universal y para los compromisos internacionales de España de asegurar que los crímenes más graves no quedan en la impunidad.
