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La firma del Tratado sobre Comercio de Armas por parte de 62 países, en la sede de las Naciones Unidas, es un gran paso a favor de la seguridad y los Derechos Humanos en el mundo. Amnistía Internacional fue una de las organizaciones que trabajó durante 20 años para llegar a este instrumento internacional, la primera herramienta global que pondrá límites a la circulación de armas y municiones entre fronteras, que tiene el potencial para salvar una gran cantidad de vidas.
El tratado fue adoptado con el consenso de 155 países el pasado 2 de abril y se estableció que entraría en vigencia a los 90 días a partir de que fuera ratificado por el 50º país. La firma de 62 países, en el mismo día en que el documento fue abierto formalmente a la firma, es el primer paso hacia la ratificación del tratado sobre comercio de armas. Ahora hay que aguardar el trámite interno que cada Estado prevé para la ratificación de los pactos internacionales. En el caso de la Argentina, el tratado deberá ser sometido a la aprobación del Congreso Nacional, para que pase a integrar la legislación local.
La Argentina fue uno de los primeros países en confirmar su apoyo al tratado, durante la ceremonia de ayer, en la que el documento fue formalmente abierto a la firma de los países. Con la firma del canciller Héctor Timerman, el país ratificó su compromiso con esta herramienta de derecho internacional: fue uno de los co-autores del texto y trabajó por a favor de su aprobación con vocación de liderazgo durante los últimos siete años.
“La importancia de este tratado es que se trata de la primera norma global y estandarizada sobre exportaciones de armas”, dijo la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski. “El artículo 6.3 -agregó- significa un enorme paso adelante, ya que establece que los gobiernos no podrán autorizar transferencias de armas, si saben que éstas van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. El artículo 7 prohíbe a un país vender armas cuando haya riesgo cierto de se van a usar para cometer o facilitar serias violaciones a los derechos humanos o al derecho humanitario, incluyendo ejecuciones sumarias o arbitrarias, torturas o desapariciones forzadas. También se obliga a valorar el peligro de que se empleen para actos de violencia contra mujeres y niños”.
Amnistía Internacional entiende que este tratado, si bien tiene algunos defectos, establece una excelente base para poner un freno a la circulación descontrolada de armas que alimentan atrocidades y abusos. La ausencia de normas favoreció hasta ahora a los principales exportadores de armas, entre los que figuran los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Gran Bretaña). Este negocio, que involucra ingresos por unos 70.000 millones de dólares al año, permite que toneladas de armas y municiones terminen en manos de gobiernos o de bandas armadas que violan sistemáticamente los Derechos Humanos.
