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“En todo los países del mundo se sigue aplicando la tortura. Esto nos está indicando que los estados no se toman muy en serio sus obligaciones”. Lo dijo Michael Bochenek, director de Legislación y Política de Amnistía Internacional hoy en la Biblioteca Nacional, durante la jornada de cierre del Primer Congreso Internacional sobre Tortura. Este evento forma parte de la Campaña Nacional Contra la Tortura, que se lleva adelante durante todo este año, en conmemoración del bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813, que abolió esta práctica aberrante. Amnistía Internacional es una de las organizaciones de derechos humanos que participan de la Campaña, organizada por la Defensoría General de la Nación.
“La falta de entrenamiento de los policías es una de las razones por las que hoy persiste la tortura. Hay policías que aplican malos tratos simplemente porque no saben ejercer su función de otra manera. Es necesario que sean capacitados en cómo realizar detenciones o cómo actuar durante manifestaciones”, dijo Bochenek, que ha hecho investigaciones de campo sobre tortura en varios países. “Debemos –agregó- quebrar el clima de tolerancia a la tortura que hoy existe entre los funcionarios. Y trabajar en las causas que la favorecen, como el hacinamiento en las cárceles. Se debe recordar que la prisión preventiva, de acuerdo a estándares internacionales, es un último recurso para las personas que aún no están condenadas.
Michael Bochenek compartió un panel sobre Experiencias en la prevención de la tortura con Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos bonaerense; Gustavo Palmieri, secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad de la Nación y Marta Monclus, directora del Observatorio de Cárceles de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Bochenek señaló que la tortura no sólo persiste en cárceles, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo en el área de la salud. En ese sentido, señaló que “llegó al nivel de la tortura” el recientemente caso de una mujer en El Salvador que estaba cursando un embarazo que ponía en riesgo su vida, debido a una enfermedad, y a quien durante semanas se le negó el acceso a un aborto seguro. “No se debe negar nunca el acceso a un tratamiento médico, incluido un aborto, a una mujer con la salud o la vida en riesgo”.
