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En el 34 Aniversario del golpe de Estado que se dio en la Argentina en 1976, Amnistía Internacional señala que aún es necesario seguir velando por el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en el país. Ello incluye la celeridad de los juicios que se están llevando adelante relacionados con las violaciones a los derechos humanos del pasado.
“La sociedad no quiere olvidar y lucha por la justicia y el conocimiento de la verdad”, sostuvo Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina.
Como se señaló en el Informe Anual de 2009 de Amnistía Internacional, se han dictado más de 20 sentencias contra autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y siguen abiertos un millar de procedimientos penales. Sin embargo, sólo 2 sentencias están firmes y varios presuntos responsables murieron sin testificar en causas clave. También, Amnistía Internacional recibió informes sobre amenazas a testigos y defensores de los derechos humanos que participaron en juicios de ex miembros de las fuerzas de seguridad.
“Las autoridades argentinas deben garantizar que las víctimas, testigos y sus familiares involucrados en procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos estén protegidos de cualquier amenaza, represalia o daño contra sus personas ya que ello constituye un aspecto fundamental del debido proceso reconocido en la Constitución Nacional”, señaló Boada
La Argentina cuenta con la lamentable desaparición, el 18 de septiembre de 2006, de Jorge Julio López, testigo y querellante en el juicio contra Miguel Etchecolatz –exdirector de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, declarado culpable de asesinato, tortura y secuestros durante la dictadura militar. Se teme que pueda haber sido secuestrado por personas relacionadas con el antiguo gobierno militar a causa de su participación en el juicio, y como advertencia a posibles testigos en juicios futuros similares. A más de tres años de este terrible episodio, el caso sigue sin esclarecerse.
“Es necesario que el Estado argentino implemente un Programa Nacional de Protección de Testigos, Familiares y Víctimas de procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos, que debe ser dotado de recursos suficientes para su correcto y efectivo funcionamiento y cuyos resultados e investigaciones deben ser públicos”, agregó Boada.
“Las víctimas de tortura, de desapariciones y las miles de personas que vieron su derechos fundamentales violados durante la dictadura siguen exigiendo justicia; y el Estado argentino tiene la obligación de otorgarla con celeridad y avanzar en la lucha contra la impunidad”, concluyó Boada.
