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La Diputada Provincial Mónica Peralta, (GEN) presentó un proyecto de ley para que las personas que no fueran parte en un pleito, puedan presentarse ante la justicia santafesina en procesos en que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general.
La presentación deberá ser realizada con la única finalidad de expresar una opinión fundada sobre el objeto del litigio, en calidad de “Asistente oficioso o amigo del Tribunal”.
Según el proyecto, el “Amigo del Tribunal” deberá ser una persona física o jurídica con reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito; fundamentará su interés para participar en la causa y deberá limitar su actuación a expresar una opinión fundada en defensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante.
Por último, se establece que las opiniones o sugerencias del Amigo del Tribunal tienen por objeto ilustrar a los magistrados. No vinculan a éstos pero pueden ser tenidas en cuenta en el pronunciamiento jurisdiccional.
Sobre el proyecto, la autora opinó: “consideramos que la creación de esta figura resulta oportuna, toda vez que las recientes reformas procedimentales que se vienen implementando en la provincia se encuentran en la misma sintonía que la presente: mejorar la administración de justicia achicando la distancia que existe entre ésta y los ciudadanos, sean justiciables, víctimas o personas que tienen algún interés en el resultado del juicio. Esto último se ha dado en nuestro país con cuestiones muy caras a nuestra democracia y al respeto por los derechos fundamentales: no podemos desconocer que, por ejemplo, los juicios por delitos de lesa humanidad y las decisiones que se involucren en ellos pueden afectar el interés público. Las cuestiones en debate no conciernen solamente a las partes directamente involucradas en el proceso, por lo que restringir la participación a las mismas debilita el debate interno del juicio”.
“Estamos convencidos de la importancia del principal objetivo de esta institución, cual es otorgar la posibilidad de participar a las personas o grupos interesados en la discusión judicial de cuestiones de interés público. De esta manera se refuerza el principio republicano de gobierno y se otorga la posibilidad de fundar las decisiones judiciales en argumentos públicamente ponderados, lo que fortalece la legitimidad de las actuaciones del Poder Judicial”, expresó la legisladora del GEN.
Esta figura, si bien se ha comenzado a utilizar para delitos federales, se está receptando para casos de justicia ordinaria. Así, “Creemos que por su impacto, podría ser aplicable a lo atinente a derechos del consumidor; o temas como los daños causados por la contaminación u otros relacionados con el medioambiente, (sin perjuicio de la aplicación de la ley 10.000), ya que si bien la persona afectada y que demanda ante la justicia es normalmente una sola, el resultado de la decisión judicial puede afectar a muchos ciudadanos, es decir, si una empresa contamina, es claro que va a contaminar a todos los vecinos, por lo que debe darse a éstos la posibilidad de acompañar aquellos fundamentos que puedan servir a los jueces para la resolución del pleito”, señaló Peralta.
Asimismo, remarcó que: “Además de acercar la justicia a la gente, nos permite derribar el mito de que los jueces deben ser especialistas en todas las materias que deben decidir, incluso en derecho internacional, en el que muchas veces organizaciones no gubernamentales que vienen desde hace tiempo trabajando en ciertos temas tienen un manejo del mismo que puede serles útiles a los jueces que deben decidir”, finalizó autora del proyecto.
