política
Para Claudio Lozano, diputado nacional (Bloque UP) y presidente del partido Buenos Aires para Todos: “la desidia estatal reflejada en la ausencia de controles y el espúreo comportamiento empresario expresado en la falta de inversiones, que se evidencian en un servicio por demás deficiente, se han cobrado, por el momento, 49 víctimas fatales y no menos de 600 heridos, de los cuales 30 están en estado grave, en el “accidente” ferroviario ocurrido en la estación de Once.
Para el caso específico de la Línea Sarmiento, la irracionalidad de la política ferroviaria del Gobierno Nacional se expresa, entre otras cosas, en el hecho básico de que la firma concesionaria de la misma es TBA (Trenes Buenos Aires) que es una firma perteneciente al Grupo Económico Cometrans (ver composición en archivo adjunto), que a su vez posee la empresa Grupo Plaza que concesiona diversas líneas de transporte público de pasajeros en colectivos de media y larga distancia. El más elemental principio del más elemental manual de Regulación Pública enseña que no es aconsejable otorgar al mismo grupo económico la concesión de dos sistemas de transporte que, para buscar mejor eficiencia en el servicio, deben competir entre sí para brindar mejores servicios al usuario. Difícilmente exista mejora en el servicio de tren o de colectivo si es la misma empresa la que gestiona uno u otro medio de transporte. Peor aún, si los empresarios del sector están acostumbrados a un marco regulatorio absolutamente ventajoso y propicio, a través de la permanencia de la “emergencia ferroviaria” dictada en el 2002, para garantizar la más absoluta falta de penalidades y castigos frente a las evidentes ausencia de inversión empresaria. Cabría preguntarse las razones para que un estado de cosas como el descripto se mantenga por largo tiempo, máxime en un gobierno que se dice “enfrentado con las corporaciones y del lado de los trabajadores”. Será acaso, que la situación patrimonial del ex Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y su exuberante enriquecimiento ilícito, son una parte de la respuesta. Será acaso que con el ex Secretario de Transporte afrontando sendos juicios penales, se ha modificado esta lógica cuando se mantienen la misma estructura empresaria concesionando el sistema de transporte?
Respecto a la calificación de lo ocurrido, de más estaría decir que un accidente lo es en tanto ocurre fortuitamente y por causas que o bien no se pueden preveer o son de “difícil” prevención. Cuando los accidentes ferroviarios parecen tener una periodicidad sistemática (al menos 4 accidentes en el último año, con irrepararables pérdidas humanas) y cuando las causas que están detrás parecen no sólo alejadas de las improbabilidades que no se pueden preveer, sino que forman parte de lo que una formación ferroviaria requiere mínimamente para funcionar con elementales normas de seguridad (en el reciente suceso de Once presumiblemente se trate de faltante de frenos, en casos anteriores problemas básicos de señalización, etc) es donde corresponde situar un entrecomillado al rótulo de accidente. Ciertamente, queda esperar los resultados periciales que se deben hacer para dictaminar a ciencia cierta los motivos de lo que fatalmente aconteció en Once. Sin embargo, tener la decisión de no lamentar más pérdidas de vidas humanas por causas evitables, exige del Gobierno Nacional empezar ya a modificar su errónea política ferroviaria. La misma se sustenta en mantener el acuerdo privatizador de los noventa que en materia ferroviaria ha configurado un conglomerado de empresarios que se ha acostumbrado a ganar plata a costa de los subsidios estatales, tercerizaciones de su mano de obra, el pésimo servicio prestado y eventualmente, como en el caso reciente, con incluso la vida de sus pasajeros.
Como sea, la tragedia de Once, exige poner fin al negociado (dando de baja la concesión) existente entre empresarios y funcionarios inescrupulosos, que no solo atenta contra la calidad del servicio, las condiciones laborales, sino con lo más preciado de la existencia: la vida misma”.
