opinión
La política del gobierno para la telefonía celular fue errática y está a punto de dar un mal paso irreversible. En el 2010 anunció una licitación internacional de las frecuencias devueltas por Movicom, para brindar los servicios 3G. En el 2012 la dejó sin efecto y le otorgó el espectro a ARSAT, que nada hizo. Entonces, afirmó que no ofrecería más frecuencias para 4G hasta tanto no se brindara adecuadamente el 3G.
Pese a que los servicios empeoraron, se rematan ahora todas las frecuencias celulares disponibles (210 MHz), en la licitación del 31 de octubre que ganarán los actuales operadores. Cada uno de los oferentes debería pagar unos 500 millones de dólares. Es el precio base más alto de América Latina, lo que repercutirá en las tarifas que pagarán los usuarios.
Este pliego de licitación llega tarde y mal. Argentina es el único país de Hispanoamérica que no desplegó una red 4G. En el 2008, España tenía cobertura de 4G para el 95% de la población. Nosotros veremos los primeros servicios a fines del 2015.
La licitación es limitativa. No deja resquicio para que unas 3000 empresas nacionales compitan en el servicio más promisorio. No hay reserva de espectro para cooperativas, cableros y empresas provinciales. Además, viola el principio de apertura de las telecomunicaciones y es la primera que excluye la participación de prestadores extranjeros que puedan competir con los actuales prestadores celulares.
Esta licitación encarece el servicio, acrecienta la concentración y cercena la participación de empresas nacionales y de competidores internacionales. La única motivación entendible era remediar en algo la carencia de divisas del Banco Central. Sin embargo, es muy posible que en esto también la licitación erre el objetivo y agrave la situación de las reservas del Banco Central.
La licitación impactará negativamente en nuestras reservas. Para cumplir con los plazos de inicio de los servicios, las cuatro compañías deberán importar nuevos equipamientos para sus redes por 2.000 millones de dólares hasta fines del 2015. Pero ya informaron que abonarán al Estado nacional en pesos el valor de las frecuencias, aunque esté valuada en dólares, ya que operan en Argentina, cobran y pagan en pesos. Se generará así un fuerte egreso de divisas sin ingreso alguno. De suceder esto, el próximo 31 de octubre, en Tecnópolis, la licitación tendría un deshilachado final.
Estamos enfrentando una licitación amañada, un remate del espectro, una política que cierra el mercado en provecho de las empresas dominantes, las mismas cuyos servicios padecemos.
Erneto Sanz Presidente Comité Nacional Unión Cívica Radical
Lilia Puig de Stubrin Presidente Convención Nacional Unión Cívica Radical
