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La Cancillería argentina y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, presentaron hoy ante la Procuración General de la Nación una denuncia penal contra las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA, y sus directores, gerentes, síndicos o representantes, por llevar adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía.
La denuncia penal se efectuó en aplicación de la Ley N° 26.915, que modificó la Ley N° 26.659 referida a las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, para incorporar la responsabilidad penal en que incurrirán las personas físicas y jurídicas que, sin la autorización del organismo competente, realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos.
Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, las "empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de la plataforma semisumergible Eirik Raude, que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de las Islas Malvinas, durante la que prevé perforar al menos seis pozos a lo largo de un período estimado de 240-260 días".
Previamente, el 2 de marzo de 2015 el Gobierno argentino comunicó a su par del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte su formal y enérgica protesta por el inminente inicio de actividades de perforación en búsqueda de hidrocarburos al norte de las Islas Malvinas, en áreas de la plataforma continental argentina sometidas a la ocupación ilegítima británica; mientras que el 9 de marzo presentó una nota a la empresa Ocean Rig, propietaria de la plataforma Eirik Raude, mediante la cual insta a la empresa a abstenerse de realizar actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, y advierte sobre las posibles consecuencias legales de su accionar.
