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El miércoles fue el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Amnistía Internacional reafirma la necesidad de que los gobiernos del continente promuevan con urgencia planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.
Amnistía Internacional se sumó a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe bajo el lema, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos viola los derechos humanos de mujeres y niñas.
Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación, el Estado la obligue a continuar con el embarazo. Forzar a una mujer o niña violada a continuar con un embarazo, es cruel, inhumano y degradante señalaron desde la organización.
Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. En ocasiones toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida. En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas afectan principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza señalaron
Algunos países de la región han reconocido que cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe, se están violando los derechos de las mujeres y niñas. Sin embargo, y a pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia esta legislación no se cumple en la práctica lo que conlleva graves consecuencias. Las guías para el personal médico son en la mayoría de los casos inexistentes, poco claras o no se distribuyen, lo que lleva a utilizar el sistema judicial innecesariamente dejando mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos expresaron.
Los Estados además no dan prioridad a su propia legislación o a asegurar la implementación de leyes de educación sexual y reproductiva y a difundir los derechos de las mujeres y niñas en materia de salud sexual y reproductiva. Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar medidas que garanticen el acceso de mujeres y niñas a sus derechos, despenalizando el aborto y promoviendo planes de educación sexual y acceso a servicios de información y planificación familiar para todos y todas, haciendo realidad que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación.
