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Las autoridades colombianas no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado que afecta al país, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
“En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, manifestó Susan Lee, Directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, quien agregó: “Desde que el presidente Santos tomó posesión en 2010, el Gobierno ha prometido abordar la crisis de los derechos humanos, pero aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de abusos contra estos derechos, incluidos los actos de violencia sexual contra mujeres.”
El informe de Amnistía Internacional, titulado “Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia.” Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia,documenta el hecho que las autoridades siguen negando a las sobrevivientes de la violencia sexual sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
La inexistencia de estadísticas oficiales confiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes hacen muy difícil evaluar el alcance real del problema. Las estadísticas disponibles no indican con claridad los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas que podrían estar relacionados con el conflicto armado.
Amnistía Internacional habló con numerosas sobrevivientes de violación en Colombia, algunas de las cuales intentaron denunciar el crimen a las autoridades. Carolina (no es su nombre real) era líder comunitaria en un pueblo del departamento de Caldas, en el noroeste de Colombia. Cuando en 2007 un muchacho relacionado con los paramilitares violó al hijo de Carolina, ésta denunció el crimen a las autoridades.
Los miembros del grupo paramilitar intentaron que retirase la denuncia, y cuando Carolina se negó, la amenazaron y la obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus víctimas. En mayo de 2007, ocho paramilitares secuestraron y violaron a Carolina. Posteriormente ésta se dio cuenta de que estaba embarazada como consecuencia de la violación. Cuando lo supo el jefe de los paramilitares, ordenó a sus hombres que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé. En junio de 2007, el programa de protección de la Fiscalía General de la Nación realojó a Carolina en otro pueblo. Pero las amenazas continuaron, por lo que finalmente la trasladaron a otra localidad. Estuvo en el programa un año, pero en la actualidad ya no recibe protección.
El caso siguió bajo investigación en el departamento de Caldas y el fiscal citó a Carolina para que testificara en el mismo pueblo donde se cometió el crimen y donde aún vivían sus autores.
En septiembre de 2008, y tras las presiones de una ONG de mujeres, el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a testificar. En agosto de 2010, el fiscal fue retirado del caso. Al parecer, el nuevo fiscal todavía sólo ha empezado a revisar el caso de Carolina hace poco.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades colombianas que elaboren una estrategia global —en consulta con las organizaciones locales— para garantizar la prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedios a las víctimas.
