política
La Facultad de Filosofía y Letras organizó el pasado 26 de agosto una charla acerca de la nueva ley sobre educación en contextos de encierro en el Centro Universitario Devoto (CUD), que tuvo como principal panelista a la Diputada Nacional del Frente para la Victoria, docente e investigadora de esta Casa de Estudios, Adriana Puiggrós.
En un salón colmado por más de 50 estudiantes privados de su libertad, además de ex compañeros/as liberados/as, docentes y coordinadores/as del Programa UBAXXII de educación en cárceles, la diputada, junto con su equipo de asesores/as, contaron el proceso que llevó a la sanción de la ley –cuya primera redacción tuvo lugar en las mismas aulas del CUD–, explicaron el cuerpo normativo en que se inscribe y respondieron dudas sobre su aplicación. Puiggrós destacó la importancia del trabajo llevado adelante por la Facultad, en conjunto con otras instituciones y organizaciones involucradas en el tema, para dar impulso a la aprobación de la ley y pidió la continuidad de ese compromiso en relación con el seguimiento de las acciones de implementación.
La ley sustituye el Capítulo VIII de la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y tiene como fin garantizar a las personas privadas de su libertad el acceso pleno a la educación pública, en todos sus niveles y modalidades, de conformidad con las leyes de Educación Nacional, Educación Técnico-Profesional, Educación Sexual Integral, Educación Superior y toda otra norma aplicable. Establece que el ejercicio de este derecho debe darse sin restricciones ni discriminación de ningún tipo y con la participación de escuelas, universidades, familiares y organizaciones de la sociedad civil. Encomienda la implementación y control de gestión educativa al Ministerio de Educación de la Nación, de manera coordinada con las autoridades de cada distrito, indicando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sus equivalentes provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autoridad penitenciaria, y organismos responsables de las instituciones en que se encuentran niños y adolescentes privados de su libertad, la obligación de atender las indicaciones de la autoridad educativa y adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por la ley. Asimismo, crea un sistema de estímulos a través de la reducción de los plazos requeridos para el avance en las distintas fases y períodos de la progresividad de la pena, de acuerdo a la aprobación total o parcial de estudios en el encierro.
