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Ante la publicación de información inexacta referida a las medidas realizadas en el día de la fecha en la causa “Herrera de Noble”, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo realizó un comunicado expresando lo siguiente:
En horas de la mañana, la Jueza Sandra Arroyo Salgado a cargo de la causa, se entrevistó personalmente con Marcela y Felipe Noble Herrera, en presencia de sus letrados asistentes Dres. Alejandro Carrió y Roxana Piña y de la Fiscal Dra. Rita Molina. En ese acto les explicó que el objeto de la causa es determinar si son hijos de personas desaparecidas durante la dictadura militar y que la investigación no puede depender de su voluntad, pues se encuentra en juego el derecho a la verdad y la obligación de investigar delitos de acción pública. Señaló también que ellos no son las únicas potenciales víctimas de estos graves hechos, sino que existe un número indeterminado de familias con las cuales podrían tener relación y que una vez que la verdad sea establecida, cada uno podrá tomar sus decisiones libremente, reservadas al ámbito privado. Además, la jueza los informó acerca de la necesaria intervención del Banco Nacional de Datos Genéticos, remarcando las garantías de control y contraprueba que ofrece dicha institución y la ley aplicable.
Asimismo, Arroyo Salgado advirtió las irregularidades cometidas con las muestras de sangre recabadas en diciembre en el Cuerpo Médico Forense, en tanto esta institución no se encuentra autorizada legalmente para intervenir en estos casos ni se adoptaron las medidas adecuadas para garantizar la cadena de custodia.
A ello se agregan otras graves irregularidades, como las cometidas en los allanamientos ordenados por el Juez Bergesio en diciembre y un sospechoso episodio ocurrido recientemente, que involucra nuevamente a este magistrado y a personal de su juzgado. Concretamente, se verificó que Bergesio retuvo un juego de muestras de sangre hasta dos semanas después de ser apartado de la causa. Además , la caja fuerte donde estaban reservadas dichas muestras apareció llamativamente con su manija rota en la mañana previa a que las muestras iban a ser retiradas de allí.
Por ello, en función de lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal, la jueza consultó a los hermanos Noble Herrera sobre su disposición a brindar nuevas muestras de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero ellos mantuvieron la oposición que habían expresado en otras oportunidades. Ante tal negativa, sumado a las fuertes sospechas que pesan sobre las anteriores muestras, Arroyo Salgado entendió indispensable el registro de sus domicilios y su requisa para obtener ADN de objetos de uso personal.
Queda claro, entonces, que estos nuevos procedimientos bien podrían haberse evitado, si el juez Bergesio -removido de la causa luego de que la Fiscalía remarcara que no era imparcial- hubiera actuado conforme a la ley y con la debida diligencia.
Es indudable que esta nueva medida aporta garantías a todas las partes sobre los exámenes a realizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde deberán analizarse la totalidad de las muestras recabadas desde diciembre hasta hoy. Además, el entrecruzamiento del ADN deberá abarcar a todos los grupos familiares que buscan a niños apropiados durante la dictadura militar.
Abuelas de Plaza de Mayo exhorta a la justicia a resolver de forma inmediata esta investigación, que lleva más de nueve años y recae sobre hechos originados hace más de tres décadas, cuya indefinición provoca continuamente más dolor a todos los involucrados.
