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La ADC y ACIJ manifestaron su preocupación ante la crisis institucional que involucra a los tres poderes del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. La misma se desató a raíz de las demandas iniciadas ante el Tribunal Superior de la Ciudad por el Poder Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad, aduciendo un ''conflicto de poderes'' tras la adopción de medidas cautelares por parte de jueces del Fuero Contencioso Administrativo.
En ocasión de la audiencia pública realizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del juicio por “conflicto de poderes” iniciado por el Poder Ejecutivo y por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires contra el Poder Judicial Local (encargado de controlar la legalidad y constitucionalidad de la actuación de los poderes políticos de la ciudad), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), emitieron un comunicado público con lo siguiente:
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante la situación de crisis institucional que involucra a los tres poderes del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, desatada a raíz de las demandas iniciadas ante el Tribunal Superior de la Ciudad por el Poder Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad, aduciendo un “conflicto de poderes” tras la adopción de medidas cautelares por parte de jueces del Fuero Contencioso Administrativo en el marco de juicios de amparo iniciados en 2009 en relación con denuncias de irregularidades en el proceso de integración de una vacante en el Tribunal Superior de la Ciudad.
En tal sentido, es imprescindible que este procedimiento contribuya a delimitar conceptualmente los alcances del “conflicto de poderes” que la Constitución de la Ciudad prevé y, en advertencia del inmenso peligro que entrañaría para la vigencia de los principios republicanos y el estado de derecho la asimilación del control judicial de los actos y normas estatales a una invasión a las competencias de los restantes poderes constituidos (y así al “conflicto de poderes”), establezca una definición acorde a los principios constitucionales de la Ciudad, que invisten al Poder Judicial de facultades para controlar la constitucionalidad y la legalidad de las normas, actos y políticas estatales. Una decisión que entienda que los actos de control judicial configuran conflictos de poderes significaría un precedente grave y peligroso para el sistema de frenos y contrapesos republicano, la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos de las personas contra los abusos estatales.
Las organizaciones firmantes exhortamos a los órganos políticos de la Ciudad –al Poder Ejecutivo y a la Legislatura- a obrar con respeto irrestricto a la supremacía constitucional y los principios fundamentales de la democracia constitucional y el estado de derecho. En particular, reclamamos que sus acciones resguarden debidamente la autonomía e independencia de los jueces y juezas de la Ciudad, aceptando, honrando y cumpliendo de buena fe todas las decisiones judiciales, especialmente cuando les resulten adversas o antipáticas. Luego de escuchar los fundamentos esgrimidos en la audiencia pública por los representantes del Gobierno y la Legislatura no advertimos que el comportamiento de los jueces denunciados haya implicado un exceso o extralimitación en sus atribuciones constitucionales, ni mucho menos una afectación a las prerrogativas de los poderes políticos. En un estado de derecho los desacuerdos con las decisiones judiciales han de resolverse por los canales habilitados para dirimirlos, esto es en los procesos recursivos ante las distintas instancias del Poder Judicial dentro de los expedientes en los que las decisiones impugnadas fueron tomadas. Sólo de esta manera se garantiza el derecho a ser oído de todas las partes en el conflicto.
También solicitamos al Tribunal Superior de la Ciudad, en miras a la trascendente sentencia constitucional que debe adoptar en los próximos días, que asegure la primacía de los principios reconocidos en declaraciones universales, y en nuestra Constitución, en resguardo de la independencia del Poder Judicial y la tutela judicial efectiva de los derechos frente a indebidas presiones de los poderes políticos. Si dichos principios no fueran honrados, la decisión que se adopte podría lesionar gravemente el sistema de frenos y contrapesos del sistema republicano, que tiene en el ejercicio del control constitucional y legalidad que realizan los jueces respecto de los procedimientos y actos de los poderes políticos a uno de sus núcleos fundamentales.
Observamos con preocupación que el supuesto “conflicto de poderes” fue calificado por una Jueza del Tribunal Superior, Alicia Ruiz, como un “intento de disciplinamiento” en contra de los magistrados, inadmisible en un estado de derecho. Tal apreciación, emitida por una integrante de la máxima autoridad judicial de la Ciudad, alerta sobre la inusual gravedad de la situación planteada y demanda a la sociedad civil una vigilia activa sobre el tema.
Reafirmamos que la Ciudad de Buenos Aires no ha sustraído a ningún órgano del Gobierno de la Ciudad del deber de cumplir la constitución y las leyes, y ha asignado a los jueces y juezas de la Ciudad la atribución y el deber de asegurar que toda actuación de los poderes públicos sea legal y constitucionalmente válida. La limitación indebida en estas funciones encomendadas al poder judicial sería un grave retroceso en desarrollo democrático y constitucional que la Ciudad iniciara hace más de una década de gobierno autónomo.
