política · ciudad autónoma de buenos airesEn el mediodía de hoy, la Presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Beatriz Orlowski se reunió con diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, por invitación de su presidenta, Dip. Diana Maffia. El objetivo era responder preguntas acerca del funcionamiento del organismo responsable de promover y proteger los derechos de la niñez y de articular la política pública en materia de infancia.
Maffía manifestó su preocupación porque el Informe Anual 2009, de entrega obligatoria para el organismo, no se realizó en tiempo y forma. Maffía también señaló su inquietud por la continuidad del Programa “Nuestros derechos, nuestras vidas”, centrado en la promoción de derechos, ya que la funcionaria dio de baja los convenios con las ONG que dictan talleres de capacitación, presuntamente por incumplimientos en los términos de los convenios. Sobre estos dos puntos, Maffía indagó si se están iniciando los sumarios administrativos correspondientes para determinar las y los responsables de dicho incumplimiento.
Otra de las intervenciones de Maffía estuvo relacionada con las limitaciones del Consejo de Derechos para asegurar la protección de los derechos de chicos y chicas de la Ciudad y los vacíos en la política pública en materia de infancia y de derechos sociales en general.
Por último, Maffía reiteró su preocupación por las condiciones laborales de lxs trabajadorxs del Consejo de Derechos, en particular por la desigualdad salarial entre contratadxs y empleadxs de planta permanente, a lo que la funcionaria no logró determinar plazos ni forma en que se haría efectiva la equiparación salarial.
Otras de las diputadas que manifestó su preocupación fue Maria Elena Naddeo quien se expresó sobre el enorme deterioro en el que se encuentra el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) y dijo tener la percepción de que "el consejo viene cayendo y que además el ejecutivo no alentó a sostenerlo y mucho menos mejorarlo. Me causa un profundo dolor que no se le de la importancia que tiene este consejo".
Este organismo incluido en la Constitución de la ciudad y creado por la ley 114 – es responsable de promover y proteger los derechos los chicos y chicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de articular la política pública en materia de infancia.
Tras el reclamo del plenario del Consejo de Derechos, de profesionales y autoridades, hoy Orlowski anunció que "después de negociaciones con el ejecutivo se saco la restricción de las partidas por 1 millón 810 mil pesos".
Naddeo -ex presidenta del CDNNyA- reconoció que "si bien estos fondos son insuficientes para dar respuesta a todos los problemas permite transitar esta etapa sin mayores recortes".
El eje del cuestionamiento de la diputada fueron los motivos por los cuales el Ministerio de Hacienda de la Ciudad tomó la decisión de restringir –es decir suspender– la utilización de los créditos incorporados y votados por la Legislatura porteña para el presupuesto 2010.
Estos créditos estaban destinados a incrementar los recursos humanos del sistema de atención en la emergencia, particularmente el incremento salarial y la dotación de abogados y abogadas para el sistema de guardia jurídica de emergencia, así como la incorporación de profesionales y operadores en la red de defensorías zonales.
“Estos profesionales que están en contacto permanente con los Juzgados penales, civiles, federales, y reciben permanentes oficios y requerimientos de la Asesoría general tutelar, perciben honorarios aproximados de $2000 mensuales. Mientras que todos los equipos del Poder Judicial Nacional o local, perciben salarios cuatro o cinco veces superiores”, apuntó la diputada.
Además Naddeo cuestionó la falta de respaldo a las acciones de los equipos, el incumplimiento de la ley 114, en definitiva, la ausencia de recursos para dar respuesta a los chicos y a sus familias.
“A su vez las coordinaciones regionales de defensorías constituyen un obstáculo más para burocratizar la gestión en materia de infancia: meses de espera para adoptar medidas de protección, proyectos enviados a las coordinaciones regionales que no se plasman en disposiciones legales, meses de demora en atender situaciones que ingresan con niveles de urgencia, todo constituye un cuadro desolador”, planteó la diputada.
